La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información sobre el estado de salud del dirigente cocalero, César Apaza, quién se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro, a pesar de haber perdido la movilidad en la mitad de su cuerpo y no poder valerse por sí mismo.

El ente internacional remitió una carta el 21 de marzo al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, en la que se explica que Apaza está siendo considerado para que sea beneficiado con medidas cautelares debido a una situación de riesgo a causa de su delicado estado de salud.

“De conformidad con el artículo 25(5) del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a su excelencia tenga a bien enviar a esta Secretaría, en un plazo de 10 días, contados a partir de la recepción de esta comunicación, la información que considere oportuna sobre la situación a que se refiere a la parte solicitante”, señala la carta.

La solicitud de la CIDH se dio en el marco de la solicitud de medidas cautelares presentada por la senadora de oposición Centa Rek.

Mediante la nota, la CIDH solicita: “Enviar información sobre el cuadro de salud del propuesto beneficiario, aportando copia de exámenes, evaluaciones y dictámenes médicos, así como el tratamiento corriente, indicando su adecuación y oportunidad, entre otros”,.

La carta al Estado boliviano, indica además que la solicitud de medidas cautelares ha sido presentada por la senadora Rek, denunciando que la vida de Apaza se encontraría en situación de riesgo debido a la falta de atención adecuada y oportuna a su salud.

Rek solicitó la aplicación de medidas de protección y cautelares a favor de Apaza el pasado mes de febrero, por el grave riesgo de vida que atraviesa por las condiciones que vive en la cárcel de Chonchocoro (Viacha), donde es un detenido preventivo y donde sufrió un accidente cerebro vascular (ACV), posiblemente por las torturas recibidas, hecho que también se ha pedido que sea investigado por un equipo médico independiente.

“Uno de los objetivos de la solicitud es que la CIDH realice un llamado de atención al Gobierno boliviano por las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, en especial opositores, demandando que se precautele la vida de los actuales presos políticos. Apaza no debería estar detenido en Chonchocoro, que es una cárcel de alta seguridad, que está siendo utilizado como un panóptico para tener totalmente sometidos e incomunicados a todos los presos políticos, como una forma franca de violación a sus DDHH”, indicó Rek en esa oportunidad.

Asimismo, ayer el abogado Jorge Valda que asesora a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la jurista Evelyn Cossío, que patrocina al líder cocalero, solicitaron medidas cautelares para el cocalero ante la CIDH para salvaguardar su vida.

CÉSAR APAZA

César Apaza se encuentra con detención preventiva desde septiembre de 2022, imputado por la toma violenta del mercado ilegal liderado por el dirigente afín al Movimiento al Socialismo (MAS) Arnold Alanes.

En noviembre de 2022, fue llevado al penal de Chonchocoro y su salud se deterioró hasta el punto que tuvieron que trasladarlo de emergencia el 15 de febrero por una embolia que, según su abogada, le paralizó la mitad de su cuerpo, aun así, en días pasados fue devuelto al penal.

“Él sigue en cama, está echado en todo momento, no mueve sus extremidades y esta con pañal, sigue igual como le sacaron del Hospital de Clínicas, además su presión está subiendo. (Quiénes le ayudan) son sus compañeros de bloque y de celda, le están colaborando en todo, con el cambio de pañales también”, relató la esposa de Apaza, en contacto con ANF.

Mencionó que él permanece todo el tiempo en la cama por la parálisis que sufre, a eso se suma que debe usar pañales y una sonda urinaria.

AUDIENCIA

Por otro lado, Valda solicitó ayer, en su condición de abogado de los “presos y perseguidos políticos” en Bolivia (ad honorem), director de Global Human Rights League GHRL, y asesor de la Apdhb, una reunión con la comisión de la CIDH que visita el país, para explicar algunos casos donde se vulneran los derechos de las personas.

“Hemos venido denunciando las más graves violaciones y vulneraciones a los Derechos Humanos que inclusive han acabado con vidas humanas; sangre de bolivianos derramada por la violencia, la intolerancia y el odio de quienes buscan someter por completo a la población, en franca violación a los derechos humanos, en abuso de poder y uso excesivo de fuerza”, señala el documento.

Recuerda además que presentó distintas solicitudes de petición y medidas cautelares las mismas que a la fecha no fueron resueltas a pesar de la urgencia, como los casos de César Apaza, a quien el jurista considera preso político de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), torturado y en riesgo de muerte en Chonchocoro.

Valda explica también la situación de la exministra de Salud, María Eidy Roca Justiniano, quien se encuentra con detención domiciliaria y sin poder atender su salud, lo que pone en riesgo su vida, ya que no puede realizar su tratamiento médico especializado en el extranjero.

Otro caso que refiere el jurista es el de Mario Alejandro Bascope Revuelta, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), de quien dice fue torturado en su traslado de Santa Cruz Sucre, y cuyas secuelas lo ponen en riesgo de muerte en el penal de San Roque Chuquisaca.

Ramiro Subía Chirinos, el cívico potosino, es otro caso que destaca Valda, porque se declaró en la clandestinidad desde diciembre de 2021 y cuya salud se encuentra deteriorada.

“En similar situación falleció el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, sin acceso a servicios básicos en riesgo de muerte)”, señala la nota.