Expresaron su preocupación por los crecientes niveles de violencia hacia comunidades indígenas, así como por la incesante depredación de la minería y el tráfico de tierras en la región.
Este crimen contra el líder indígena leco fue condenado incluso por la Unión Europea y sus Estados Miembros, el cual observa una “alarmante muestra” de las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia.

Luego de que comunarios de la localidad de Torehua entregaron a la Policía al presunto autor del asesinato del reconocido defensor de tierras originarias frente a la minería ilegal, Francisco Marupa, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) repudió este crimen al advertir que es una muestra de la violencia estructural que enfrentan los defensores de derechos ambientales y territoriales en Bolivia.

“Marupa (…) fue asesinado de manera violenta en circunstancias aún no esclarecidas y deben ser investigadas de manera pronta por el Ministerio Público. (…) Su violenta partida tampoco es un hecho aislado, es el reflejo de la violencia estructural que viven quienes entregan su vida a la defensa de los territorios y la casa común”, señala el Cejis en un comunicado difundido el viernes.

Ese mismo día, en horas de la mañana, el cuerpo de Marupa fue encontrado a orillas del río Hondo, al norte de La Paz, con signos de lesiones con machete y un impacto en la cabeza. El activista era dirigente de la comunidad Torehua y afiliado a la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cpilap).

Según el documento, era un defensor del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi frente a la depredación de la minería ilegal, el avasallamiento y el tráfico de tierras, amenazas que se extienden constantemente sobre esta zona de alta biodiversidad.

La institución denunció el estado de alta vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y derechos territoriales y ambientales, cuyos derechos fundamentales e integridad física se ven seriamente amenazados con este tipo de hechos de sangre, sin que los comunarios cuenten con las garantías necesarias para su protección.

El Cejis expresó “preocupación por los crecientes niveles de violencia que han tenido lugar en la región y que están ligados al contexto del avance de la minería ilegal”, un proceso “apañado por la inacción del Estado y sus instituciones, así como por los conflictos por la tenencia de la tierra, promovidos por actores que buscan avasallar, acaparar y traficar tierras que son de propiedad histórica de las naciones y pueblos indígenas” de tierras bajas.

Se advierte que esta inacción del Estado y sus instituciones permitió que los actores vinculados a estas actividades ilícitas operen con total impunidad, llegando a afectar no solo los derechos de pueblos indígenas, sino la conservación de áreas protegidas con un notable valor ecológico.

También se denunció que el pueblo Leco, de la Amazonía norte de La Paz, defiende férreamente sus tierras frente a las actividades ilegales como la extracción minera en los ríos Beni, Tuichi, Madre de Dios y Tequeje, pugna que ha desencadenado acciones de violencia e intimidación contra las comunidades, como la quema de viviendas o el desalojo forzado de familias enteras.

En tal sentido, el Cejis exigió una investigación “inmediata, rigurosa y transparente sobre los hechos en torno a la muerte de Francisco Marupa, que identifique a los responsables materiales e intelectuales” del crimen. Asimismo, exhortaron a las autoridades a tomar medidas urgentes para evitar impunidades y garantizar la seguridad de los defensores medioambientales, con especial atención a quienes luchan “de pie” contra actividades como el avasallamiento, el tráfico de tierras y el narcotráfico.

PRESUNTO AUTOR ENTREGADO

La Cpilap informó ayer que el presunto autor del asesinato de Marupa fue entregado a las autoridades por comunarios de Torehua. En un video, el sindicado es visto en un bote, con las manos atadas, siendo interrogado por un efectivo policial mientras es trasladado a Rurrenabaque.

En las imágenes, el sujeto afirma haber asesinado a Marupa con una flecha, aunque sus motivos no quedan claros ya que el sonido es ininteligible. El abogado e investigador, Leonardo Tamburini, aseguró que el sujeto afirmó haber cometido el crimen por encargo debido a un presunto ajuste de cuentas, una venganza o una disputa de territorios, según refleja Brújula Digital.

Realizado el levantamiento legal del cuerpo, los restos del líder indígena leco fueron transportados a la población de Reyes para la autopsia de ley. Este crimen generó indignación en varias organizaciones defensoras del medioambiente y de pueblos indígenas, atribuyéndolo a conflictos relacionados con la minería aurífera ilegal.