“No podemos permitir que haya interrupción o bloqueo (de carreteras), si se quiere que haya una libre transitabilidad. Recogiendo todas los sugerencias y opiniones de los diferentes sectores, en el reglamento tendríamos que poner cuáles serían las sanciones que debería hacer cumplir el Estado boliviano con los manifestantes”, enfatizó el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo.

PÉRDIDA DE BS 208 MILLONES EN 4 DÍAS DE BLOQUEOS

Un reciente reporte de la FEPC señala que los cuatro días de bloqueo en la carretera hacia el oriente y la jornada de interrupción del tránsito en la ruta al occidente del país provocó la pérdida de más de Bs 208 millones en el aparato productivo y de servicios de la región.

“Como FEPC vamos a presentar y estamos elaborando un proyecto de ley sobre la regulación de protestas sociales. Esto con el objetivo de que establezca los derechos y deberes de los manifestantes, así como las obligaciones de las autoridades competentes dentro del marco de la Constitución Política del Estado”, informó Laredo.

100 BLOQUEOS ASFIXIARON COCHABAMBA EL 2023

Asimismo, el representante de los empresarios, explicó que en la gestión 2023, hasta la fecha, Cochabamba registró más de 100 bloqueos en diferentes puntos de la región que generaron un impacto negativo para el Producto Interno Bruto (PIB) departamental.

El proyecto de ley de la FEPC contempla seis incisos en el capítulo sobre Derechos; cuatro en Deberes; y cinco en Responsabilidades de Autoridades Competentes.

El inciso b) del capítulo de Deberes señala que: (Los ciudadanos tienen) “el deber de acatar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el tránsito y la circulación de vehículos y personas, garantizando el flujo de conectividad y tránsito en el eje troncal del país, así como el acceso a los servicios públicos”.

“Instamos a las autoridades llamadas por ley a activar los mecanismos pertinentes para mantener y garantizar la libre circulación por las principales vías de conexión del país y no dilatar la resolución de los conflictos”, agregó Laredo.

Advirtió que, de continuar estas protestas, Cochabamba deberá enfrentar escasez de insumos, desabastecimiento de combustible y de alimentos, pérdida del poder adquisitivo de la población, incremento de la inflación, además, de poner en riesgo la continuidad de empleos y aumentar el contrabando.

“Responsabilizamos a quienes obstaculizan la libre circulación y los actores que tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la Constitución por las graves consecuencias que esto acarrea para la iniciativa privada y la población en general”, complementó el empresario.

UN DÍA DE PARO LE CUESTA AL PAÍS $US 65 MILLONES

En una anterior entrevista, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó que el comercio exterior sufre una pérdida diaria de $us 65 millones ante cada bloqueo nacional de caminos.

Para evitar que el sector productivo del país continúe sufriendo pérdidas económicas, los empresarios crearán una Comisión Interinstitucional que se encargará de elaborar el reglamento de la Ley de Regulación de la Protesta Social, en un plazo no mayor a seis meses desde su promulgación.

Esta comisión estará integrada por representantes del Gobierno, de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, con la participación de expertos y consultores nacionales e internacionales en la materia. El proyecto será enriquecido con los aportes de sectores empresariales, sociales y será presentado ante el Órgano Legislativo durante los próximos 14 días o en enero de 2024.

“Así como hay sectores que tienen derecho a la protesta, también hay sectores que tienen el derecho de circular libremente por el territorio nacional”, concluyó el presidente de la FEPC.