En el mes de marzo, tras su “visita in loco” a Bolivia, la CIDH expresó su preocupación por la escalada de agresiones, retención contra su voluntad, destrucción de equipos y ataques a infraestructuras de medios de comunicación, que afectaron a periodistas”; llamó la atención por “la falta de condiciones para ejercer esta profesión en Bolivia” y lamentó que “pese a la gravedad de estos hechos, persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia” en clara alusión al caso Las Londras, que tras dos años sin reparación, ni justicia es un ejemplo de que la impunidad naturaliza la violencia.

En abril, sobrevino una nueva arremetida y esta vez con el propósito de imponer una “ley mordaza”. A través del proyecto de Ley 305, de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos”, se intentó imponer una pena de 5 a 7 años de cárcel para periodistas.

“¿Cómo vive un país sin prensa independiente?”, preguntaron los 35 periodistas de Página Siete cuando el país amaneció con la mala noticia del cierre de este medio. Sin duda la asfixia económica derivada del reparto discrecional de la publicidad estatal y la presión ejercida por el poder de turno para bloquear el flujo publicitario desde el sector privado hacia los medios independientes, condicionaron ese desenlace.

Los reclamos de los periodistas que quedaron sin trabajo, con salarios impagos, etc., develaron las condiciones de extrema vulnerabilidad del sector, que coloca a ocho de cada 10 periodistas del país en situación de precariedad laboral y sin la protección de la justicia laboral.

Los discursos estigmatizantes promueven una imagen negativa sobre los medios de comunicación en general como quedó en evidencia con el desmantelamiento de 1.600 cuentas falsas que operaban en la red social Facebook, financiadas con el objetivo expreso de atacar y desprestigiar a periodistas, líderes políticos de la oposición y defensores de derechos.

El acoso judicial es otro mecanismo activado para censurar, silenciar o limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Varios periodistas enfrentan demandas civiles y penales, por faltas que debían ser procesadas en el ámbito administrativo.

Tampoco hay avances en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que en su evaluación de los sucesos del 2019 afirma que “nunca antes había sido tan difícil ejercer el periodismo en Bolivia”, por lo que urge a “la creación de un mecanismo no estatal capaz de brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos fueron o están en riesgo de ser vulnerados”.

Así, la ANPB y las nueve asociaciones departamentales de periodistas de todo el país reunidas en la ciudad de La Paz en el Segundo Encuentro Nacional de Periodistas, expresamos a la opinión pública lo siguiente:

– Reafirmamos la defensa del derecho de los y las periodistas a informar libremente, y abogamos por el cumplimiento del derecho de acceso pleno a la información para los periodistas y la ciudadanía en general.

– Denunciamos que el Estado incumple su obligación de combatir la violencia y proteger el trabajo periodístico y exigimos que se ponga fin a la impunidad con la que se encubren los crímenes contra la prensa y se naturalizan los graves abusos de los derechos humanos.

– Exigimos la creación de un mecanismo institucional independiente, capaz de brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos fueron o están en riesgo debido a la persistencia de ataques, amenazas, censura, hostigamiento y judicialización contra las y los periodistas.

– Rechazamos toda acción orientada a provocar la asfixia económica de los medios de comunicación y demandamos reglas claras para la asignación de la publicidad estatal, a través de una ley que regule el uso de los fondos públicos.

– Reclamamos la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, como una herramienta necesaria para la transparencia y la rendición de cuentas que garantice la participación ciudadana en democracia.