“Lo que si llama la atención es que si La Paz es el segundo departamento, es el que más ha crecido en 66% entre el 2015 y 2022 y debería darse con el acompañamiento de un sector, y como no ha ocurrido, esa mayor demanda ha ido al contrabando y la minería, en ambos casos son actividades ilegales”, señaló.

En un análisis del consumo de combustibles por departamentos, el especialista mencionó que Santa Cruz consume el 38% del diésel a nivel nacional, destinado a la agroindustria, seguido de La Paz que llega al 23% del total.

El departamento de La Paz pasó a consumir entre el 2015 y 2022 de 321,1 millones de litros a 533,2 millones de litros, mientras que el departamento de Santa Cruz aumentó su consumo en 24%,  de 696 millones de litros a 864 millones de litros.

“Es la presunción que se tiene, que este combustible aumentó por las actividades ilícitas en La Paz. YPFB no publica datos por sector económico porque no hay ninguna variable que permita diferenciar entre fábricas, teleférico u otra actividad. Pero llama la atención y se mira la economía, se sabe que no hay una agroindustria que demande diésel y llama la atención el crecimiento, la hipótesis es que se va a esas dos actividades ilegales”, señaló.

Velásquez dijo que la subvención es un problema estructural y está vinculada a la cultura extractivista, que es un problema social, no solo político. “Somos una sociedad extractivista y una sociedad rentista, la salida de la subvención es de largo plazo”; afirmó.

El investigador sostuvo que es fundamental el tema de la transparencia en el sector hidrocarburífero para tomar las mejores decisiones.

«Lamentablemente el 2015 en Bolivia ha caído la renta petrolera y junto a la renta ha caído la transparencia en YPFB, se dejó de publicar un informe trimestral que se publicaba hasta entonces, se retiraron las publicaciones sobre volúmenes comercializados de YPFB Transportes, la ANH también retiró información que antes publicaba anualmente y que permitía esta desagregación», observó el investigador.

De acuerdo a estimaciones del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, el Estado pierde aproximadamente 4 millones de bolivianos por contrabando de la gasolina y diésel.

Velásquez consideró insostenible la subvención actual de los combustibles y planteó que esta sea diferenciada de acuerdo varias variables a considerar, como el modelo del vehículo, el costo del mismo y si éste presta servicio público o es de uso particular, entre otros aspectos.

El sector productivo del oriente ha protagonizado “tractorazos” y hasta bloqueos de carreteras en contra de los decretos 4910 y 401 destinados a poner límites a la venta de combustible y sancionar a quienes desvían los carburantes. En cambio en el Norte de La Paz donde se ha expandido la minería aurífera, el control no se ha intensificado como en la frontera. (Brújula Digital)