Los diarios independientes bolivianos fueron víctimas de la Ley Contra el Racismo, desde el año 2010, porque su contenido fue empleado para enjuiciar a tres medios escritos y desde su aplicación hasta 2019, se inició un ciclo obligatorio para la publicación gratuita de avisos que generó millonarias pérdidas, según denunció el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jorge Carrasco.

El representante de los medios impresos entregó una declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que considera una propuesta gubernamental de incremento de la pena de cárcel para periodistas de cinco a siete años por la difusión de mensajes racistas y discriminatorios que lleva el rótulo de Ley/305 “Ley de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”.

La presidenta de la Comisión, Magaly Gómez, convocó a las organizaciones periodísticas a una “reunión de socialización” del proyecto en un trabajo guiado por el principio de “legislar escuchando al pueblo”.

Carrasco recordó que la ANP alertó en 2010, que algunos artículos orientados a penalizar el trabajo de periodistas y medios derivaría en autocensura.

“Hoy, estamos en condiciones de afirmar que los diarios independientes fueron las principales víctimas de una legislación que tenía la buena intención de erradicar actos de racismo y discriminación”, explicó a los integrantes de la Comisión, y al ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, que participaron de la reunión.

PROCESOS

Relató que en el año 2012, el rotativo centenario EL DIARIO, el periódico Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF) fueron llevados a proceso judicial por una supuesta difusión de mensajes racistas. “Hasta hoy el caso sigue abierto y por tanto la amenaza de sanciones con privación de libertad está vigente”, explicó.

Con la promulgación de la Ley Contra el Racismo 045, también comenzó un ciclo de difusión de avisos de interés social en las páginas de los diarios, “contraviniendo el principio constitucional de que nadie puede ser obligado a prestar servicios sin justa remuneración”.

Entre octubre de 2010 y julio de 2019, los diarios asignaron hasta nueve páginas mensuales a los avisos obligatorios. “Este hecho es uno de los mayores abusos contra medios privados e independientes y se extendió por nueve años, a través de sucesivas leyes y decretos”, refirió Carrasco.

El presidente de la ANP lamentó el impacto financiero derivado de la obligación en las finanzas de las empresas que imprimen diarios, “a diferencia de otros medios electrónicos que en muchos casos incumplieron la norma y transitaron un periodo privilegiado recibiendo generosamente la publicidad estatal”.

“Todo este dramático escenario sumado a la pandemia, dejaron a los periódicos privados en un estado financiero lamentable y hoy, en medio de duras restricciones económicas, continúan cumpliendo su labor patriótica de informar a sus públicos contribuyendo al fortalecimiento de la democracia”, destacó.

Carrasco hizo un llamado a evaluar la verdadera contribución de la Ley Contra el Racismo, desde su promulgación en 2010, y pidió derogar los artículos que penalizan el trabajo de la prensa por ser contrarios a la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta.

El representante reiteró la petición de los diarios independientes para el cese de la persecución tributaria, los permanentes controles de entidades recaudadoras a los medios independientes y su exclusión de la publicidad estatal.

Tras escuchar los argumentos de la ANP, y representantes de periodistas, el ministro de Justicia y la viceministra de Comunicación expresaron disposición a considerar los argumentos del sector periodístico y abrir espacios de diálogo sobre los temas expuestos.