El encuentro de los delegados de las asociaciones departamentales de los nueve departamentos del país realizado entre el 25 y 26 de noviembre de 2022 en la Asociación de Periodistas de La Paz, emitieron un pronunciamiento público.

Ese deterioro se ve reflejado en innumerables hechos:

Las autoridades presionan para que periodistas revelen la fuente de sus noticias y los amenazan con privarlos de libertad si es que no lo hacen, vulnerando la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano.

Por primera vez en 40 años tras la recuperación de la democracia se produjo un secuestro y tortura de periodistas por parte de encapuchados armados conocidos como “interculturales”, vinculados al oficialismo, en el predio de Las Londras, Santa Cruz, que hasta ahora se mantiene en la impunidad.

En las últimas semanas se han generado más de 40 ataques físicos y verbales contra periodistas durante el paro cívico cruceño por el censo. Ninguno de esos casos ha terminado con sanciones a los responsables.

Persisten las medidas de acoso judicial, asfixia económica, presiones directas e indirectas y manipulación de la justicia para intentar amedrentar y acallar a los medios de comunicación y periodistas.

Los delegados asistentes al Encuentro Nacional de Periodistas resolvieron:

Ratificar la unidad de los periodistas de Bolivia y su decisión inclaudicable de defender la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información de todos los ciudadanos como requisito fundamental de la democracia.

Expresar la solidaridad con todos los periodistas y trabajadores de la prensa que han sufrido agresiones, hostigamiento, acoso y censura en su trabajo.

Exigir al presidente Luis Arce y a las autoridades que correspondan, que garanticen el cumplimiento de los derechos de los periodistas y la sanción a los responsables de las acciones de violencia y de censura.

Condenar todos los actos de violencia contra los periodistas y trabajadores de la prensa y exigir al Ministerio Público que informe sobre los casos que ha abierto de oficio sobre estos hechos.

Exigir al Ministerio de Gobierno que instruya a las fuerzas policiales cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad de todos los periodistas y trabajadores de la prensa en el cumplimiento de su trabajo cotidiano.

Crear un equipo jurídico nacional para la defensa de los periodistas que estén bajo amenaza o que hayan sido víctimas de la vulneración de sus derechos en el ejercicio de sus funciones.

Demandar a los propietarios de los medios de comunicación brindar seguridad laboral y defender a los periodistas cuando sean víctimas de agresiones y otros abusos.