Un tribunal de segunda instancia determinó el 25 de noviembre que el camarógrafo de prensa, Sebastián Méndez Sevilla, que trabaja en el espacio informativo en Facebook “Noticias Villanas”, guarde detención preventiva por treinta días, como imputado de haber causado supuestos destrozos en una sede de campesinos durante los conflictos sociales que tuvieron lugar en la ciudad de Santa Cruz.

Méndez Sevilla fue detenido el viernes 11 de noviembre, junto a otras nueve personas, entre ellos un médico y un bombero voluntario, que también se encontraban en la zona donde se enfrentaron grupos afines y contrarios al paro cívico regional que, desde el 22 de octubre, reclamó la realización de un censo de población, según reporte de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Tras el asalto a la sede sindical, la policía protagonizó una intervención violenta y practicó detenciones que fueron cuestionadas porque en algunos casos, como en el de Méndez, se implantó una prueba falsa, acción sancionada por el artículo 167 del Código Penal.

Cuatro días después, un juez cautelar dispuso que diez detenidos asuman su defensa legal en libertad, pero con medidas sustitutivas, como arresto domiciliario, impedimento de salir del país y prohibición de acercarse al lugar de los hechos.

La Fiscalía de Bolivia apeló tal decisión y pidió que los diez inculpados fueran detenidos. En la nueva valoración realizada en una instancia jurídica superior, el vocal de sala Ever Álvarez ratificó la libertad con medidas sustitutivas para seis inculpados, pero decidió que otros cuatro, entre ellos Sebastián Méndez, guarden reclusión durante un mes en un centro penitenciario, mientras se desarrollan las investigaciones.

“El vocal Álvarez consideró insuficiente la documentación presentada sobre domicilio, lugar de trabajo y núcleo familiar”, declaró el padre de Sebastián, Jorge Méndez, a la Unidad de Monitoreo ANP, tras la conclusión de la audiencia que tuvo lugar en la modalidad virtual, durante ocho horas, incluido un receso.

Los familiares anticiparon que mediante un abogado de oficio buscarán presentar una Acción de Libertad, en el plazo de 24 horas, para anular la orden de aprehensión y evitar que el trabajador de la prensa vaya a prisión.

“A mi hijo lo acusan de incendio, robo agravado, incluso de asociación delictuosa, pero él solamente estaba cumpliendo su trabajo de grabar los incidentes para informar a la población. Esto que le hacen es una total injusticia”, agregó Jorge Méndez a la Unidad de Monitoreo de la ANP.

El caso de Méndez cobró notoriedad porque al momento de su detención grabaciones de video dejaron en evidencia que los policías pretendieron incriminarlo con prueba falsa, al colocar junto al periodista y al bombero voluntario Moisés Arias un explosivo casero que había sido incautado a otras personas.

Desde su página de Facebook, “Noticias Villanas” de la populosa Villa 1ro. de Mayo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, rechazó la decisión del vocal Álvarez.

“Exigimos a las autoridades judiciales respeto al debido proceso para nuestro trabajador de la prensa, quien en cumplimiento de sus funciones fue detenido de manera ilegal”, expresa el pronunciamiento que reclama la defensa de Méndez en libertad.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, declaró a la Unidad de Monitoreo de la ANP que la organización se apersonará al juzgado respectivo para hacer defensa del trabajador de la prensa.

AGRESIONES A

LA PRENSA

La jornada del pasado viernes, periodista de los nueve departamentos entregaron una carta al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la que exigen el respeto al derecho al trabajo periodístico.

“Usted como ministro encargado de la seguridad interna debe ordenar a las fuerzas del orden a que (…) cesen sus agresiones contra periodistas y, luego, realicen el trabajo que les asigna la Constitución y ofrezcan garantías para el trabajo periodístico”, se lee en el documento.

La carta denuncia más de 40 ataques físicos contra periodistas en la ciudad de Santa Cruz y remarca la ausencia de investigaciones y la detención de los autores de los hechos de violencia. “Esta situación es inaceptable y debe ser suspendida de inmediato”, exige la nota.

“Los periodistas, por la esencia del trabajo que desarrollan, tienen un estatus especial similar a los defensores de derechos y otros, y por lo tanto es responsabilidad del Estado protegerlos mientras realizan su trabajo. Debemos lamentar que en ocasiones ocurre lo contrario, los uniformados protegen a las fuerzas de choque del oficialismo en sus agresiones a la prensa”, según el mensaje al ministro Del Castillo.

ALGUNOS CASOS

En la noche del pasado 16 de noviembre, el periodista de la red de televisión Unitel, Leonardo Gil Villalba, fue herido en la mano derecha por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un policía, mientras realizaba la cobertura de la represión contra manifestantes que apoyaban el paro cívico de Santa Cruz, según el reporte de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

La misiva menciona también todas las amenazas que se han producido contra los periodistas en los últimos meses, como exigencias de autoridades para que se suspenda el secreto de fuente, acusaciones penales a colegas por errores administrativos, secuestro y tortura de periodistas en Las Londras, Santa Cruz, persistencia de la asfixia económica de los medios y, fundamentalmente, agresiones a periodistas durante el paro cívico cruceño.

“En las últimas semanas se han generado más de 40 ataques físicos contra periodistas durante el paro que encabeza la dirigencia cívica en Santa Cruz. Ninguno de esos casos ha terminado con sanciones a los responsables”, expresa la carta.

PROTESTA

El pasado viernes, una treintena de periodistas llegados a la sede de gobierno de todos los departamentos del país realizaron un plantón frente a las puertas del Ministerio de Gobierno para exigir que se respete el trabajo de la prensa.

Los firmantes del Encuentro Nacional de Periodistas señalan que en Bolivia está en peligro el estado de derecho.

Agregaron: “En meses recientes hemos visto con desconcierto e indignación cómo grupos afines al gobierno han intentado tomar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, atacando a manifestantes opositores, continuando con una política de asfixia económica contra los medios, produciendo agresiones y otras amenazas contra los periodistas y caricaturistas, utilizando la justicia para detener sin juicio a las voces críticas y así acallarlas”.