El exdirector de Régimen Penitenciario, abogado y docente universitario, Ramiro Llanos, advirtió a EL DIARIO que el incremento de la población carcelaria crea alto riesgo debido a la carencia de seguridad y equipo multidisciplinario que todo penal debe tener.
“La población penitenciaria crece pero no la de seguridad y menos del equipo multidisciplinario. La población Penitenciaria en los países es algo del 0,10% en relación a la población total. En el caso de Bolivia su población estimada es de 11 millones de personas y su población penal debería ser de 11 mil personas privadas de libertad, pero ahora la población recluida entre preventivos y sentenciados es de casi 28.000 que están en cárceles. Esto debido al uso exagerado de la detención preventiva”, precisó.
En ese marco dijo que es necesario el uso de medidas alternativas al encarcelamiento como las manillas electrónicas, control de voz a través de teléfono fijo, llamando a los beneficiados mañana, tarde, noche, trasnoche. “Contratando telefonistas para llamar a los detenidos, si se tendría duda, se va al domicilio a verificar. Si incurre en faltas es llevado nuevamente al centro penitenciaria, el costo aproximado sería de Bs. 21 mensual, a pagar a la empresa telefónica, ejemplo, Cotas, Cotel, Comteco”, dijo.
Asimismo dijo que la libertad anticipada, para quienes les falta un año de cumplimiento de sentencia, la suspensión de pena por trabajo comunitario, el indulto general de dos años para los sentenciados que hayan demostrado buena conducta, tengan trabajo, estudios y familias donde vivirán en libertad, traslados a sus ciudades de origen por acercamiento familiar, encarcelamiento de fin de semana y nocturno, también ayudarían a reducir la población carcelaria.
POLICÍAS INVESTIGADOS
Por otro lado, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que, en lo que va del año, 15 policías son investigados por hechos de violencia que se registraron en diferentes cárceles del país, donde al menos cinco privados de libertad fallecieron de manera violenta.
Limpias informó que en los dos primeros meses fallecieron siete reclusos en penales del país, pero que hasta la fecha se mantiene la hipótesis de suicidio para el caso de dos internos que perdieron la vida en el penal de Chonchocoro.
“Hoy tenemos 15 policías, puestos a disposición, en investigación para que se puedan esclarecer los diferentes hechos que se han dado en el interior de centros penitenciarios,”, declaró Limpias.
La autoridad gubernamental destacó la compra y uso de material tecnológico para el control penitenciario, como las cámaras de seguridad, las mismas que permitieron descubrir, en el caso del asesinato a tiros de un reo en Villa Busch, Pando, el domingo, que un policía introdujo el arma al penal.
Por ese caso, Régimen Penitenciario también indaga a cinco efectivos policiales que tendrían participación en la entrega de un arma de fuego a un recluso para que asesine a otro.
Al margen de esa acción, Limpias informó que hasta ahora se trasladaron a 120 reos de recintos carcelarios o de un lugar a otro, incluso sacados de régimen abierto, por ser considerados parte de grupos de poder dentro del penal que generan violencia.
Otra acción que se siguió en cárceles fue el relevo de personal policial que se mantenía años en régimen penitenciario o del personal de seguridad, además de funcionarios administrativos. (EL DIARIO y Brújula Digital).