Guillén que patrocina a la expresidenta, recordó que existe una ley del juicio de responsabilidades y un mandamiento constitucional que establece que los exmandatarios deben ser juzgados mediante juicio de responsabilidades.

Apuntó que con este recurso buscan que se “respete lo que se ha establecido en la ley” y que dentro del proceso de EBA, “si es que así lo desea” la institución estatal, se instale un juicio de responsabilidades.

RECHAZO

Asimismo, informó que el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz rechazó ayer el pedido de nulidad de la imputación contra la expresidenta.

“Se ha declarado infundado el incidente de nulidad que se ha interpuesto por parte de la defensa, pero es importante remarcar que la intencionalidad del proceso de EBA es mostrar y evidenciar de que se está juzgando a la exmandataria por la justicia ordinaria”, dijo.

Advirtió que para llevar adelante una audiencia de medidas cautelares la imputación formal debe plasmar todos los antecedentes de la investigación, extremo que no se cumple en el presente caso.

“El hecho de que se pretenda llevar a cabo una audiencia de medidas cautelares con una imputación de hace más de un año, (tomando en cuenta) que uno de los requisitos es que la imputación debe ser objetiva donde se deben plasmar todos los antecedentes que tiene la investigación. En un año de investigación han existido diferentes elementos como la aprehensión de la señorita (exgerente de EBA), su declaración y otros elementos que no están plasmados en la imputación. Lo que ha hecho el Ministerio Público de una manera muy cómoda es dejar la imputación de hace más de un año, eso debe ser actualizado para llevar a una audiencia de medidas cautelares”, explicó.

El jurista manifestó que al haber sido rechazado el incidente de nulidad el juez fijó audiencia cautelar para el 6 de enero de 2023, tomando en cuenta la vacación judicial.

DATOS

La Fiscalía imputó a la exmandataria por la presunta designación ilegal de una gerente de EBA que -según la denuncia- no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.

La expresidenta guarda detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, desde la primera quincena de marzo de 2021, imputada por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el caso denominado golpe de Estado I.

Asimismo, en meses precedentes, fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso golpe de Estado II, donde fue acusada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.