La hermana de César Apaza, el dirigente cocalero de los Yungas, advirtió a EL DIARIO que teme por la vida de su ser querido ya que desde el momento de su aprehensión, en septiembre de 2022, vive entre golpizas, amenazas y falta de atención médica, por lo que teme por su vida. A la fecha, 24 cultivadores de coca fueron cautelados por la toma del mercado ilegal liderado por el dirigente afín al Movimiento al Socialismo, Arnold Alanes.

La hermana de Apaza lamentó que desde que fue trasladado desde el penal de Chonchocoro hasta el hospital de Clínicas (15 de febrero de 2022), no pudo ser atendido por un especialista ya que se encuentra internado en la unidad de Emergencias, donde los médicos son generales y cambiados permanentemente.

“Me sorprende que siga en Emergencias, ahí no le van a poder tratar bien, ahí se quedan máximo tres días los pacientes y no sé por qué él sigue ahí, allí los médicos están rotando constantemente y no lo pueden tratar bien”, advirtió.

En ese marco manifestó que Apaza no presentó ninguna mejoría ya que continúa con dificultades para alimentarse y la parte derecha de su cuerpo paralizado.

“Mi hermano sigue con la misma situación, no puede movilizarse, tampoco puede hacer sus necesidades fisiológicas, ayer (lunes) lo han ayudado con sonda. No puede alimentarse por sí solo, ingiere mayormente líquidos”, precisó Miriam Apaza, la hermana del productor de hoja de coca.

Asimismo denunció que desde el Ministerio de Gobierno están solicitando el alta del detenido.

“Temo por la vida de mi hermano porque a estas alturas recién la han dado un poco de atención, porque desde que le han aprehendido (septiembre de 2022), él ya estaba presentando estos problemas, pero lo han minimizado y no le han dado la atención debida, fruto de eso ahora está en estado y nos da miedo que ahí pueda contraer otras afecciones”, aseveró.

AMENAZAS A LA FAMILIA

Por otro lado, la hermana de Apaza lamentó que además de la detención de su hermano, la familia esté siendo amenazada.

“La familia hemos sido objeto de persecución, nos han querido agotar todos los fondos económicos que hemos tenido. No han justificado el decomiso de la mercadería que hemos tenido, ahora solo nos dicen que se va a solucionar y no podemos seguir aguantando todos esos maltratos”, advirtió.

Apaza es el presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), fue aprehendido de manera violenta la madrugada del 22 de septiembre de 2022 por un grupo de policías vestidos de civil y encapuchados. Un día después fue enviado con detención preventiva por seis meses a la cárcel de San Pedro imputado por la quema del mercado ilegal. El 8 de noviembre pasado, por orden de la Dirección General de Régimen Penitenciario, fue trasladado a Chonchocoro.

24 IMPUTADOS

Según un informe que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 24 personas fueron cauteladas tras las manifestaciones desde el 7, 8 y 9 de septiembre de 2022, mismos que fueron imputados por el delito de porte o portación de explosivos, allanamiento de domicilio, atentado contra bienes del Estado y otros.

Hasta la fecha fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro: Freddy Machicado, presidente de Adepcoca. Gonzalo Lupaca, vocal primero. Juan Cocarico, secretario de prensa y propaganda. Raúl Uria y Porfirio Rivero, dirigentes de Juventud Yungueña. César Apaza, presidente de autodefensa, enviado a penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

También está procesada Rosalva Vargas, vicepresidenta de autodefensa, enviada a detención domiciliaria. Gudelia Botitano, miembro del directorio de Cofecay, se le impuso firma periódica ante la Fiscalía.

“Las imputaciones contra tres personas: Freddy Machicado Velásquez, Raúl Uría y Omar Pino, contienen similares tipos penales en la imputación realizada por el Ministerio Público, que van desde estragos, incendio, lesiones graves y leves, atentado contra bienes públicos, privación de libertad, impedir ejercicio de funciones, allanamiento de domicilio, robo agravado, destrucción de bienes del Estado, secuestro, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas, organización criminal, institución pública a delinquir, entre otros, como si fuera una película de ciencia ficción”, señala el documento.

IMPUTADO POR CAMINAR

Asimismo, el Conade aclara que Omar Pino no es miembro de Adepcoca, tampoco pertenece a ninguna regional ni comunidad ni familia de productores de hoja de coca en los Yungas.

“Nunca tuvo una relación con la institución y menos podría tener una conducta como la descrita en la imputación. A esta persona desconocida se le atribuye los probables delitos de estragos, incendio, lesiones graves y leves, atentado contra bienes públicos, privación de libertad, impedir ejercicio de funciones, allanamiento de domicilio, robo agravado, destrucción de bienes del Estado, secuestro, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas, organización criminal, institución pública a delinquir”. Pino simplemente circulaba por el lugar donde se producían las protestas y fue detenido”, aclaran.

Por otro lado, la abogada Evelyn Cossío aclaró que en la Resolución Ministerial 342 se establece que en el departamento paceño el único mercado legal de coca está en la calle Arapata de la zona de Villa Fátima, por lo que el de Villa El Carmen es ilegal.