“Usted como ministro encargado de la seguridad interna debe ordenar a las fuerzas del orden a que (…) cesen sus agresiones contra periodistas y, luego, realicen el trabajo que les asigna la Constitución y ofrezcan garantías para el trabajo periodístico”, expresa la carta que entregaron ayer representantes de nueve asociaciones de periodistas al despacho del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Tras la agresión a periodistas durante el paro cívico de la ciudad de Santa Cruz, y en otras ciudades, los representantes llegaron con su mensaje hasta las puertas del Ministerio de Gobierno, en La Paz, donde protagonizaron un acto de protesta y cubrieron las paredes del edificio público con carteles que demandan justicia.

La carta denuncia más de 40 ataques físicos contra periodistas en la ciudad de Santa Cruz y remarca la ausencia de investigaciones y la detención de los autores de los hechos de violencia.

“Esta situación es inaceptable y debe ser suspendida de inmediato”, exige la nota.

“Los periodistas, por la esencia del trabajo que desarrollan, tienen un estatus especial similar a los defensores de derechos y otros, y por lo tanto es responsabilidad del Estado protegerlos mientras realizan su trabajo. Debemos lamentar que en ocasiones ocurre lo contrario, los uniformados protegen a las fuerzas de choque del oficialismo en sus agresiones a la prensa”, según el mensaje al ministro Del Castillo.

ALGUNOS CASOS

En la noche del pasado 16 de noviembre, el periodista de la red de televisión Unitel, Leonardo Gil Villalba, fue herido en la mano derecha por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un policía, mientras realizaba la cobertura de la represión contra manifestantes que apoyaban el paro cívico de Santa Cruz, según el reporte de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

La misiva menciona también todas las amenazas que se han producido contra los periodistas en los últimos meses, como exigencias de autoridades para que se suspenda el secreto de fuente, acusaciones penales a colegas por errores administrativos, secuestro y tortura de periodistas en Las Londras, Santa Cruz, persistencia de la asfixia económica de los medios y, fundamentalmente, agresiones a periodistas durante el paro cívico cruceño.

“En las últimas semanas se han generado más de 40 ataques físicos contra periodistas durante el paro que encabeza la dirigencia cívica en Santa Cruz. Ninguno de esos casos ha terminado con sanciones a los responsables”, expresa la carta.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) realizan un encuentro nacional con la finalidad de analizar los casos de agresión registrados en 2022, y estudiar las acciones legales que emprenderán en defensa de sus afiliados.

PROTESTA

Una treintena de periodistas llegados a la sede de gobierno de todos los departamentos del país realizaron ayer un plantón frente a las puertas del Ministerio de Gobierno para exigir que se respete el trabajo de la prensa.

Los firmantes del Encuentro Nacional de Periodistas señalan que en Bolivia está en peligro el estado de derecho.

Agregaron: “En meses recientes hemos visto con desconcierto e indignación cómo grupos afines al gobierno han intentado tomar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, atacado a manifestantes opositores, continuado con una política de asfixia económica contra los medios, producido agresiones y otras amenazas contra los periodistas y caricaturistas y utilizado la justicia para detener sin juicio a las voces críticas y así acallarlas”.