El abogado Wilfredo Chávez, que patrocinó a Evo Morales por los conflictos políticos en 2019, hoy procurador general del Estado, aseguró ayer que no tiene nada en contra de los obispos y que solo busca que brinden su testimonio de los hechos ocurridos dentro del caso golpe de Estado I.

“No tengo nada contra ellos, ni a favor, nada; simplemente, de manera objetiva, queremos que se diga la verdad en un testimonio y como pueden ver, eso sí está incluido en un hecho de investigación que es el caso golpe I”, dijo Chávez.

El jueves, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la convocatoria a los obispos “no tiene sentido lógico ni jurídico”, además consideró ese asunto como “cerrado” para el Gobierno.

ABOGADO DE MORALES

En julio de 2020, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Morales, después de haberlo imputado por los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo, en ese proceso fue patrocinado por Wilfredo Chávez.

Morales estaba refugiado en Argentina desde el 12 de diciembre de 2019, luego de dejar México, donde se asiló tras renunciar al cargo el 10 de noviembre de 2019, en medio de una convulsión social por el fraude electoral.

El caso en su contra se centraba en un video obtenido por el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, donde se muestra a Faustino Yucra hablando presuntamente con Evo Morales, por teléfono, quien parece estar dirigiendo planes para bloqueos de carreteras.

“De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Yucra mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México”, donde entonces estaba Morales, “hasta El Torno”, en Bolivia, según un comunicado que en la oportunidad emitió la Fiscalía.

“Aparentemente, en esa conversación”, añade la nota, “Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019”.

Un reporte de llamadas a las líneas telefónicas de ambos realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial de Bolivia muestra que Morales y Yucra se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más entre el 12 y 17 de noviembre de 2019, según la Fiscalía.

Una pericia informática permitió encontrar en un teléfono de Alejandro Y. S., hijo de Faustino Yucra, un video que circuló en redes sociales y que incluye ese audio, que fue enviado al Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, que concluyó que existe “una alta probabilidad de identificación de la voz” de Morales, destaca el boletín.

El audio incluye frases como “hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, que supuestamente pronuncia el expresidente desde México.

10, 11 Y 12

Por otro lado, el exabogado de Morales recordó que entre el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, Jerjes Justiniano Atala, a nombre de Luis Fernando Camacho, presuntamente participó de una reunión en la en la Universidad Católica donde habría propuesto constituir un gobierno cívico – militar.

“Antes que sean citadas las tres personas que fueron como representantes de la Asamblea Legislativa, dos de ellas, por lo menos, se han reunido en la Universidad Católica, un grupo de políticos más miembros de la alta cúpula de la Iglesia Católica, ahí diseñaron los planes A, B y quién sabe, un plan C”, apuntó.

En ese marco, Chávez ratificó que por ese motivo se busca saber de qué conversaron antes que lleguen las exlegisladoras Susana Rivero y Adriana Salvatierra, ambas del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Mi hipótesis es bastante clara, es que antes que lleguen ellas, ya habían determinado ejecutar un plan A y el plan B como luego se ha conocido, es que antes ya han decidido, las acciones que se iban a hacer, una vez tomado el poder de manera inconstitucional”, dijo.

Aclaró que la convocatoria a los obispos, en calidad de testigos, es para solicitar, como a cualquier boliviano, que cuente o que ocurrió en el caso que se investiga y no que no significa ningún ataque o solicitar investigación a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

CRIMINALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN

Por otro lado, juristas independientes manifestaron que el pedido de citar a obispos de la Iglesia Católica dentro de las investigaciones penales abiertas por el Ministerio Público dentro del caso de supuesto golpe de Estado, solo busca criminalizar y estigmatizar los esfuerzos de mediación y pacificación social desplegados por la CEB que junto a la comunidad internacional contribuyeron a la continuidad democrática en Bolivia, el 2019.

“Consideramos que declaraciones públicas sobre los procesos judiciales en curso por parte autoridades del Estado constituyen una forma de injerencia, que presiona y afecta gravemente la independencia de los jueces y fiscales”, señala el documento socializado por los juristas.

El grupo de Juristas Independientes rechaza el uso “abusivo” del sistema penal con fines de persecución política, expresando su solidaridad con los obispos del país, valorando su contribución mediadora en la solución de conflictos y convivencia democrática.