“Lo que nos llega ahora son casos judicializados de violencia; sin embargo, algunos no llegan a Fiscalía y no denuncian, hay niñas embarazadas víctimas de agresiones sexuales, que deben ser prioridad para estas instituciones que deben dar un acceso a la justicia pronta y oportuna”, dijo la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, Daniela Cáceres.
Respecto a los casos de violencia que atienden las instituciones, Cáceres señaló que hubo un incremento en relación al año pasado y que urge la necesidad de unificar acciones entre instituciones con miras al 2023 y se obtenga resultados positivos en favor de las víctimas de violencia.
Explicó, que de anteriores reuniones surgió la necesidad de desarrollar una “Mesa Nacional Interinstitucional de Salud”, donde se aborde la atención prioritaria, como la interrupción legal del embarazo, el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia, entre otras para que la víctima se sienta protegida por las instituciones llamadas al resguardo de la misma.
En la Mesa Nacional Interinstitucional de Salud participan consultores de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en Bolivia (Unodc), del Fondo de Población de Naciones Unidad (Unpfa), servidores del Ministerio de Salud, representantes del Ministerio de Justicia y Directores de Fiscalía General del Estado.