«Estamos tramitando la declaratoria de rebeldía, eso significa que el Ministerio Público la ha buscado, ha generado una investigación y al no estar presente, se le ha imputado y, por ende, se está solicitando que se declare rebelde hasta que ella pueda venir y prestar la declaración», reveló el fiscal Alave, en conferencia de prensa.
El 30 de enero de 2023 se conoció una denuncia de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en redes sociales y de inmediato el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y Trasparencia empezó los requerimientos a instituciones como Derechos Reales para cruzar información.
Fue el 15 de febrero que Claudia C., exfuncionaria de mencionado ministerio, entregó al viceministerio información bancaria y fotografías de los chats que daban cuenta de presuntos ilícitos.
Claudia C. es la cuarta persona implicada, fue ella quien denunció en su momento que en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se hacían cobros de coimas millonarias para la adjudicación de obras.
Reveló que ella era la encargada de recaudar el dinero de las coimas y entregarlas al entonces ministro Juan Santos Cruz.
La exfuncionaria brindó su declaración inicial en calidad de testigo; sin embargo, tras ser convocada a una declaración ampliatoria, ya en calidad de sindicada, no se presentó más.
Según Alave, la mujer que pasó de testigo a investigada aún está en el país, y también se tomaron las medidas para evitar su fuga. Asimismo, le ofreció las garantías necesarias para que acuda a la Fiscalía y declare en este caso.
Caso coimas
La investigación preliminar da cuenta que Santos Cruz y su círculo realizaron movimientos económicos millonarios para adquirir decenas de bienes inmuebles y vehículos en Tarija y Pando con dineros provenientes -según la denuncia- de coimas cobradas a empresas para adjudicarse obras.
Se develó que Alexander S. S., exfuncionario y sobrino de Santos Cruz, compró cinco inmuebles en un solo día, en tanto que la exfuncionaria Viviana B., adquirió seis en tres meses. Ambos tenían movimientos bancarios irregulares que superan los 2,7 millones de bolivianos.
Santos Cruz, Alexander S. S. y Viviana B., guardan detención preventiva en cárceles de La Paz, acusados de enriquecimiento ilícito tras los elementos de convicción colectados en su contra.
Ya en las redes sociales critican los procedimientos de la justicia, pues los denunciantes se vuelven en denunciados, son detenidos y se les alarga la detención con el objetivo de que admita su error.