La medida cautelar presentado a instancias de la familia del galeno solicita “preservar los derechos a la vida, salud, seguridad e integridad en su condición de adulto mayor, al médico Juan Carlos A. T., quien se encuentra arbitraria e injustamente detenido en el Penal de San Pedro en la ciudad de la Paz desde el 30 de junio de 2022”, señala el documento.

Al respecto la senadora, Centa Rek, señaló que el médico, al igual que la exministra de Salud, Eidy Roca, demostraron ampliamente que nada tuvieron que ver con la adquisición de los denominados “respiradores chinos”; sin embargo, son “sañudamente perseguidos e injustamente encarcelados por una justicia servil y sometida al oficialismo”.

“Se debe aclarar que el médico, quien se desempeñó inicialmente como Director de Servicios ai. y posteriormente Director de la Unidad de Redes de Servicio de Salud y Calidad del Ministerio de Salud y Deportes, de 6 de mayo a 20 de noviembre de 2020, se opuso en reiteradas ocasiones a esa compra, solicitando incluso que se rescindiera el contrato, como consta en el Informe Técnico MS/VMSyP/DGSS/IT/50/2020 de 29 de mayo de 2020, dirigido a la Ministra de Salud, Dra. María Eidy Roca de Sangüeza, en el que sugirió de forma reiterada que no se comprasen los ventiladores”, señala en partes salientes una carta dirigida Tania Reneaum, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, donde se argumenta el pedio de la medida cautelar.

Por su parte, la esposa del médico hizo una carta pública, destacando la trayectoria de su esposo y solicitando la detención domiciliaria dado que su salud física y emocional empeora a diario.

En otra carta abierta, la hija del médico señala que la salud de su padre se deteriora día que pasa debido a la exagerada burocracia que existe para una salida médica, ya que es “una persona de la tercera edad, con 72 años cumplidos en el recinto penitenciario, tiene una prótesis de cadera, hipertensión lo cual hace que su salud sea agrave rápidamente”.

“Consideramos que Juan Carlos A. al encontrarse injustamente privado de libertad mediante la aplicación de una medida cautelar de carácter personal como la detención preventiva es víctima de dos categorías sospechosas de discriminación, por su condición de adulto mayor y por privado de libertad lo que sin lugar a dudas, constituye “una discriminación múltiple al configurarse el carácter compuesto en las causas de la discriminación; y bajo este contexto es indudable que la vulnerabilidad de las personas adultas mayores se agrava; razón que determina que se asuman determinadas acciones para evitarlo”, argumenta otro de los fundamentos de la carta de los legisladores de Creemos.