El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció un amplio proceso de socialización normativa, para evitar una supuesta desinformación promovida por sectores políticos en relación al Decreto Supremo 4906 que reglamenta la Ley 262, el anteproyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias, actualmente suspendido en su tratamiento y el anteproyecto de ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.

“El Decreto Supremo 4906 reglamenta la Ley 262. Esta ley es del 2012 y plantea el congelamiento de cuentas de personas que son parte de las listas de terroristas en el ámbito internacional, esa ley no tiene alcance en Bolivia, no hay un solo boliviano en esas listas; para que haya congelamiento de cuentas tiene que haber un pedido internacional de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)”, detalló la autoridad.

El ministro explicó que a partir del atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, se determinaron diversas acciones para la lucha global contra el terrorismo, en ese sentido Bolivia debe cumplir diversos compromisos, por lo que en 2012 se promulgó la normativa de congelamiento de cuentas de gente que es parte de las listas internacionales. El decreto promulgado reglamenta esa ley.

Respecto al anteproyecto de Ley 280, en primera instancia recordó que su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional quedó suspendido hasta fortalecer la socialización de su contenido a fin de evitar conflictos sociales a raíz de una campaña de desinformación.

“El fin es la lucha contra la corrupción y delitos graves que deben ser combatidos por el Ministerio Público; no tiene ninguna afectación a los gremiales, choferes, y a los bolivianos y bolivianas que aportan día a día al país”, dijo la autoridad.

Señaló que hay mafias organizadas vinculadas al narcotráfico, a la trata de personas y otros graves delitos, que proceden al lavado de dinero y la legitimación de ganancias para evadir a la justicia; en ese sentido descartó que la norma esté orientada a perjudicar a quienes perciben de manera lícita sus recursos económicos.

Lima manifestó su preocupación respecto al proceso de desinformación que surge desde diversos sectores políticos, y que tienen el fin de desestabilizar la gestión y afectar la relación con sectores sociales, “Hay gente que siempre piensa en proteger sus intereses y trata de desinformar al país”, remarcó.

En relación al anteproyecto de ley 305, explicó que no se trata de una ley mordaza y más bien indicó que en el marco de la ley 045, se busca evitar la propagación de ideas racistas o discriminatorias desde los medios de comunicación, objetivo que fue cumplido durante 13 años sin necesidad de que algún periodista sea sometido a un proceso penal.

El titular de Justicia manifestó que el proyecto normativo está orientado al cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. “Queremos dar una política criminal respetuosa a los derechos humanos” dijo y enfatizó en que hay varias demandas internacionales respecto a la temática.