El juez del Juzgado de Sentencia Anticorrupción 1º del Tribunal Departamental de La Paz, Michael Marcial Salazar Urquizu, que el 14 de abril de 2023 absolvió a la exjueza Patricia Pacajes, acusada por incumplimiento de deberes en el caso bebé Alexander, impide que el médico Jhiery Fernández, sentenciado por un delito que no cometió, sea parte del proceso, informó a EL DIARIO el abogado Christian Alanes.

“Nos hemos apersonado al juzgado y no nos quieren aceptar nuestra presentación, nos indican que no somos parte del proceso, por eso hemos presentado un recurso de reposición y sino da curso vamos a presentar una Acción Constitucional al juez”, explicó el jurista.

En octubre de 2018, Pacajes fue enviada a la cárcel de Obrajes, con detención preventiva, después de haber sido imputada por revelar detalles del caso bebé Alexander, cuando éste estaba declarado en reserva. Por este hecho ya recibió una sentencia que está en casación en Sucre.

Otro proceso que se inició a instancias del Consejo de la Magistratura, es también por incumplimiento de deberes, por irregularidades que salieron a la luz después de una auditoría jurídica al proceso. Por este hecho, Pacajes fue absuelta el pasado viernes.

“Toman en cuenta solo parte de la auditoría, porque el Consejo de la Magistratura de Sucre ha sacado nueve puntos de inobservancia y vulneración al debido proceso, y entre ellos estaba la dilación del juicio, que ha durado más de cuatro años, lo que Pacajes no tomó medidas disciplinarias en contra de sus funcionarios subalternos, ni lo principal que es la desaparición de 19 actas, particularmente de nuestros testigos de descargo”, advirtió el jurista.

Alanes apuntó además que en este proceso no tomaron en cuenta que en el proceso contra el médico Fernández hicieron aparecer pruebas testificales, mismas que en físico no existen.

“Había prevaricato y falsedad, tipos penales que no han tomado en cuenta y solo les han acusado por incumplimiento de deberes. Este proceso lo han hecho a espaldas nuestras porque si no nosotros hubiéramos seguido”, manifestó.

Recordó que la auditoría jurídica del Consejo de la Magistratura tiene más de 290 fojas, donde hicieron notar un sinfín de irregularidades que se cometieron en el proceso contra Jhiery Fernández.

En ese marco, dijo que la intención de ser parte del proceso es para apelar la sentencia absolutoria, porque la Ley 586 indica que la parte víctima en la querella o acusación es parte del proceso y que puede ser habido en cualquier instancia.

MISMO ABOGADO

Los exoperadores de justicia, Edwin Blanco, Susana Boyán y Patricia Pacajes son patrocinados por el abogado Raúl Ferreira, a quien EL DIARIO trató de contactar empero vanos fueron los intentos.

Blanco, Boyán y Pacajes aseguran aún que hay una violación al menor y que el autor es Jhiery Fernández y que lo único que se ha tomado en cuenta es la grabación de Pacajes, la misma que – según Alanes – no fue presentada como prueba, porque no se puede tomar en cuenta las declaraciones de una persona en estado de ebriedad.

“Para lo que ha servido el audio es para develar que un inocente ha sido sentenciado sin prueba alguna, por ello hay retiro de acusación del Ministerio Público (…). Emplazo a la doctora Pacajes que presente un solo elemento de prueba de que ha habido agresión sexual en contra de Alexander y que el culpable ha sido el doctor Jhiery Fernández”, apuntó Alanes.

DATOS

El 13 de noviembre de 2014 murió Alexander, un bebé de ocho meses que se encontraba en el hogar Virgen de Fátima dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz.

El 18 de noviembre de 2014, la comisión de fiscales que investigó la muerte del niño declaró en reserva las actuaciones procesales, para llegar a la verdad histórica de las causas del deceso del infante.

El 16 de diciembre de 2014, el médico Jhiery Fernández que trabajaba en el Hogar Virgen de Fátima fue enviado al penal de San Pedro sindicado de haber violado al bebé Alexander. Quedó privado de su libertad por casi cuatro años, hasta que la exjueza fuera grabada, en estado de ebriedad, reconociendo que el médico fue “encerrado” sin pruebas.