Mediante órdenes de citación, el Ministerio Público, convocó al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, a su vicerrector, Reinerio Vargas y al expresidente del Comité Cívico Cruceño, Rómulo Calvo, para brindar declaraciones, en calidad de denunciados, por los 36 días de paro en demanda del censo en el departamento de Santa Cruz.

Los citatorios para estas tres personas, fueron difundidos por distintos medios de comunicación y plataformas digitales a lo largo del fin de semana, en estos se indica que los delitos por los que se acusan a las dos autoridades universitarias y al excívico tiene que ver con: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación.

La denuncia presentada por Marcelo Mayta Huanca, dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, en contra el gobernador cruceño, Fernando Camacho, y otros miembros del denominado Comité Interinstitucional por el Censo, también hace referencia a los delitos de atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

La fecha fijada por la fiscal de materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la Ciudad de La Paz, Magaly Bustamante Herbas, para la toma de declaraciones es el próximo jueves 13 de abril, a las 9:15 de la mañana, en el módulo policial del Plan 3000.

Los citatorios señalan que los denunciados deben asistir a lugar definido para su declaración portando sus respectivas cedulas de identidad y en compañía de sus abogados, y en caso de no presentarse, se dará curso a la emisión de una orden de aprehensión, conforme al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.

Desde sus redes sociales, la autoridad universitaria afirmó que su citación es producto de haber luchado por los derechos de la ciudadanía por un censo justo y oportuno, pero la justicia en el país está corrompida en favor del poder y se usa en contra de toda persona que piensa diferente.

“He sido oficialmente citado a prestar mi declaración informativa el día jueves 13 de abril en calidad de denunciado. Por una serie de delitos que el señor Juan Marcelo Mayta, afín al partido de Gobierno, ha interpuesto contra mi persona. Por haber luchado por un justo derecho, la realización de un Censo oportuno y transparente para todos los bolivianos. La justicia en nuestro país está podrida. Se persigue a los que piensan diferente. Se coarta el derecho al disenso. ¿Esa es la justicia que queremos para Bolivia?”, expresó Cuéllar.

Desde la oposición, el requerimiento judicial fue calificado como una nueva maniobra persecutoria contra líderes de ciudadanos que alzaron la voz en demanda de un censo oportuno para todos los bolivianos, lo que demuestra la intensión del poder para arremeter contra los liderazgos cruceños. “Nuevamente la persecución política se acentúa y se siente un espíritu de venganza contra la región de Santa Cruz”, refirió el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana.

El legislador paceño además condenó la falta de interés de las autoridades nacionales para promover espacios de reconciliación y pacificación, por lo que anticipo una campaña de denuncia para que la comunidad internacional conozca los abusos en los que incurre el régimen del MAS.

“Esa es una muestra clara de que al Gobierno no le interesa la paz ni la reconciliación, más que la imposición, esto debe ser denunciado a nivel internacional y no permitir que ningún solo líder en toda Bolivia vuelva a ser arrestado por protestas justas y reivindicaciones dignas”, sostuvo.