La vida de la exministra de Salud, Eidy Roca, investigada por la supuesta compra irregular de respiradores chinos durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, quien se encuentra con detención domiciliaria desde abril de 2021, se encuentra en riesgo, manifestó a EL DIARIO el abogado Jorge Valda, asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

El viernes 14 de abril de 2023, la Sala Penal Cuarta de La Paz, dirigida por el vocal Orlando Rojas, rechazó la apelación que presentó la defensa de Roca, hace seis meses, para acceder a un tratamiento médico en el exterior con el fin de evitar que su enfermedad progrese.

“Esta apelación debería llevarse dentro de las 72 horas, como lo señala el Procedimiento Penal, se lleva seis meses más tarde, ya que el 21 de octubre de 2022, el juez (…) William Presbítero Rodríguez Álvarez (…), ordenó la homologación de los certificados médicos y así se lo hizo”, dijo Valda.

Durante la audiencia, la extitular de Salud explicó que urge su salida al exterior para tratar su salud.

“Me alimento con una sonda que ustedes pueden ver en este momento, porque no puedo alimentarme de manera normal, tengo dificultad respiratoria, cualquier momento tendré que respirar por una traqueotomía, yo necesito recibir atención donde me la puedan dar, donde existe por lo menos tratamiento para relentizar la progresión de esta enfermedad, yo soy inocente y voy a demostrarlo, voy a retornar a mi país para demostrar mi inocencia en todo momento”, dijo Roca con evidente dificultad para hablar.

No obstante, el juez Orlando Rojas, leyó un informe médico forense en el que aseguró que en ninguna parte del documento señala que la vida de la imputada se encuentra en grave peligro.

“Si bien en sus conclusiones se advierte que se ha diagnosticado que la imputada cuenta con secuelas neurológicas post covid-19, encefalitis en estudio, diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial con tratamiento médico, además de discapacidad motora parcial, se señala que la imputada se encuentra, en línea generales, en un estado de salud regular. (…) La valoración que se ha otorgado a este elemento probatorio es correcta por parte del juez, puesto que en ninguna de sus partes señala que es imperioso el tratamiento médico en el exterior, los abogados no tenemos conocimiento científico en medicina”, dijo Rojas.

A decir de Valda, Roca padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y demencia fronto temporal como secuelas del coronavirus, que contrajo cuando era ministra de Salud.

De acuerdo a los reportes médicos, la enfermedad es degenerativa y en el país no existe un tratamiento, se debe trasladar a Argentina para recibir atención médica.

VULNERACIÓN DE DDHH

En ese marco, Valda afirmó que la decisión judicial vulnera los Derechos Humanos (DDHH) de la exautoridad, al no valorar los estudios médicos que se presentaron.

“Hemos presentado todos los estudios que se ha realizado a la exministra, no es posible que ellos digan que no son médicos para emitir un criterio sobre esos documentos. Estos es una clara vulneración de sus derechos y han rechazado dar curso a un pedido humanitario”, dijo.

Por el extremo, Valda aseguró que presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haciendo conocer las arbitrariedades que se están cometiendo en contra de la exautoridad y espera que esa instancia internacional otorgue medidas cautelares para proteger su vida.

DATOS

El lunes 19 de abril de 2021, el juez anticorrupción William Rodríguez, ordenó el arresto domiciliario de Roca, además de arraigo, una fianza equivalente a poco más de 10.000 dólares y la presentación cada quince días ante el Ministerio Público.

La Fiscalía de La Paz presentó en marzo de 2021 la imputación formal contra la exautoridad por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la compra de más de 300 respiradores chinos con presunto sobreprecio en medio de la primera ola de la pandemia del coronavirus en el país.

En su momento, el Ministerio Público informó de que dentro de esta investigación se presume que existe un daño económico al Estado equivalente a 862.000 dólares.

Antes de su imputación, Roca difundió una carta en la que señalaba que “no participó en el proceso de contratación” de estos equipos chinos, pues en ese momento no cumplía las funciones de ministra.