Cuatro años de presidio para autor de biocidio
Tras audiencia de juicio oral, el Juzgado de Sentencia Penal N° 6 de Cochabamba, determinó dictar una pena de cuatro años de privación de libertad para el sujeto acusado por del delito de biocidio en contra de un can, la condena deberá ser cumplida en el penal de San Sebastián. Esta pena se constituye en la más alta obtenida en un caso de estas características.
La fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, informó que el Ministerio Publico demostró con pruebas contundentes la culpabilidad del acusado, de 38 años de edad, quien provocó la muerte de del animal tras ser atacado con múltiples machetazos.
“Hasta ahora es la máxima pena obtenida en un caso de Biocidio en el país. En este caso la Fiscal de Materia presentó todas las pruebas colectadas en la investigación, entre ellas el informe de intervención policial, la declaración testifical del médico veterinaria donde fue atendido el can, el informe del perito de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, que estableció las causas de la muerte y otras que fueron valoradas, por lo que la autoridad jurisdiccional emitió la sentencia para el autor del delito”, informó Gonzáles.
Por su parte, la Fiscal de Materia, Amalia Cruz Vera, señaló que el hecho se registró el 7 de diciembre de 2021, en la avenida Siglo XX de la zona Sud del municipio de Cochabamba, ese día, el acusado salió de su domicilio con un machete y atacó al can Joky, sin razón alguna provocándole la muerte.
En ese momento, los familiares del agresor que presenciaron el hecho intentaron salvar al can, pero sus lesiones eran muy graves, por lo que llamaron a la Policía y el sujeto fue aprehendido.
El animal fue llevado a una veterinaria donde señalaron que murió por múltiples lesiones punzocortantes, politraumatismo múltiple con hemorragia difusa y shock hipovolémico.
La Ley 700, en la que se establece el “marco normativo para la defensa de los animales, contra actos de violencia, crueldad y maltrato, cometidos por personas naturales o jurídicas, establece que todos los animales deben ser protegidos contra todo tipo de violencia, maltrato o crueldad y además que deben ser auxiliados en cualquier tipo de emergencia.
Pese a ello, constantemente activistas por los derechos de los animales denuncian que las penas establecidas en esta normativa permiten que los agresores y biocidas que reciben sentencia, eludan la cárcel y, en gran parte de los casos denunciados, se acojan a medidas sustitutivas.
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