El caso fue espeluznante e indignó al país. Una botella de whisky y 3.500 dólares costó la libertad del feminicida serial Richard Choque, sirvió para “corromper” al exjuez primero de Ejecución Penal, Rafael Alcón. Su decisión de liberarlo terminó con la vida de otras dos jovencitas.

El feminicida debía cumplir una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto tras violar y matar a Blanca R. L., en 2013. El año 2019, el entonces juez Alcón le otorgó detención domiciliaria por 18 meses, a pesar de que su condena debía cumplirse el 12 de febrero del 2045.

Al igual que Choque, el juez que lo liberó debe cargar el peso por el asesinato de Lucy M. R. (17 años), reportada el 18 de mayo de 2021 como desaparecida. Iris M. V. (15 años), desapareció el 27 de agosto de 2021. Los cuerpos de ambas jovencitas fueron encontrados enterrados en su vivienda. Choque también confesó el asesinato de su primo.

El caso conmocionó al país. Nadie podía entender cómo la justicia lo dejó en libertad pese a su sentencia de 30 años por el grave delito de asesinato. Alcón, autor de su libertad, fue detenido y enviado a la cárcel de San Pedro. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, lo denominó como “la cara más vil de la justicia en Bolivia”.

El hecho fue la punta del ovillo, tras la liberación de Choque en enero de 2022, el caso destapó la liberación no solo de feminicidas, sino de violadores. Mientras avanzaban las investigaciones, se recapturaron a una decena de personas condenadas por delitos que habían sido liberadas por la justicia.

Alcón no fue el único que estuvo en la mira, el juez Marco Antonio Amaru en marzo de 2022 fue aprehendido sindicado de liberar a sentenciados, en uno de esos casos pretendió beneficiar a un feminicida que antes de ejercer la función jurisdiccional fue su abogado, según reportaron los medios.

Dos meses después obtuvo su libertad, el exfiscal y juez del Tribunal Undécimo de Sentencia, Edwin Blanco, le concedió una Acción de Libertad y dispuso su liberación pura y simple. Actualmente, sigue ejerciendo la función jurisdiccional, es más, se declaró competente en el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez.

“Así tenemos estos casos y otros de jueces que liberan feminicidas, que liberan a delincuentes rematados, que no piensan en los derechos humanos de las personas”, cuestiona el abogado Carlos Derpic en declaraciones a la ANF.

REVELACIÓN

ESCANDALOSA

El escándalo fue de grandes proporciones en septiembre de 2018. El audio en el que la entonces jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, reveló, mientras consumía bebidas alcohólicas, que sentenciaron a un inocente explotó como dinamita.

El audio “clave” tenía una extensión de 30 minutos en el que relataba el siniestro caso y que la sentencia fue armada por errores en el informe médico forense y por la presión política. Ese hecho le costó al médico acusado de violación estar en prisión casi cuatro años y una sentencia de 20 años.

En noviembre de 2018, el Consejo de la Magistratura anunció el inicio de un proceso disciplinario y penal contra al menos seis jueces luego de conocer la auditoría jurídica al caso del bebé Alexander que estableció indicios de culpabilidad de jueces, secretarios, auxiliares y fiscales que intervinieron en el juicio.

Entre los jueces que participaron de ese proceso estaban: Lía Cardozo, Enrique Morales y Rolando Chaca a cargo de la etapa preparatoria, mientras que Gladys Guerrero, Eduardo Mérida y Patricia Pacajes, además de Luis Adolfo Argani, pertenecientes al Tribunal Décimo de Sentencia, estuvieron en la etapa de juicio final.

Los consejeros de la Magistratura informaron en ese tiempo que los hallazgos e indicios producto de la auditoría jurídica establecen la presunta comisión de faltas leves, graves y gravísimas y delitos penales de un 90 a 95 por ciento de los más de 30 funcionarios que participaron en la etapa preparatoria y el juicio en este caso.

Esos resultados de la auditoría se supone que llegaron a manos del fiscal general del Estado para que asuma decisiones respecto a los fiscales y jueces que cometieron delitos y a la representación del Consejo y los jueces disciplinarios en La Paz para que activen procesos en la vía disciplinaria.

No obstante, los jueces no tuvieron una sanción por incumplimiento de deberes, solo destituidos. Recientemente, Pacajes salió absuelta en un segundo proceso. El dictar una condena sabiendo de la inocencia no tiene responsabilidad.

Actualmente, uno de los fiscales que presionó a Fernández para que se declare culpable, Edwin Blanco, es juez, es decir, quien acusó y pidió pena de cárcel sabiendo que era inocente “administra justicia”.

Derpic cree que este es el perfil de jueces que le conviene al poder y al Gobierno para tenerlos controlados, es decir, que sean “corruptos, sometidos al poder político, sin criterio moral para actuar”.

El acceso a la justicia como derecho humano es una condición fundamental del Estado de derecho, es un pilar que no podría ser considerado como algo nominal, sino efectivo, afirma la responsable de Litigio Estratégico en la red Unitas, Claudia Terán.

NO PROTEGE

DERECHOS

La exdiputada Rebeca Delgado y el exsenador Eduardo Maldonado vivieron en carne propia la indefensión a sus derechos. El Tribunal Departamental de Justicia le denegó a la exlegisladora una acción de amparo constitucional, luego de que fue inhabilitada por la Circular 071/2015 del Tribunal Supremo Electoral.

La normativa prohibía la postulación de diputados y senadores a cargos subnacionales debido a que estuvieron ausentes de sus regiones. Una medida que surgió de forma mágica para inhabilitar a “potenciales” candidatos para hacer frente a los postulantes del Movimiento al Socialismo.

Ante la negativa de justicia en Bolivia, Delgado y Maldonado acudieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que el 2018 concluyó que Bolivia violó los derechos políticos de los exparlamentarios Rebeca Elvira Delgado Burgoa y Eduardo Humberto Maldonado Iporre al inhabilitarlos como candidatos a alcaldes de sus respectivas ciudades en las elecciones subnacionales de 2015.

JUECES Y FISCALES

ERAN VERDUGOS

Marco Aramayo falleció la madrugada del 19 de abril de 2022, hace exactamente un año. Cargó sobre sus espaldas más de dos centenas de procesos. Contaba que tenía cuadernos en los que registró los siete años de encierro en 56 cárceles del país, las 60 veces que fue cautelado, las incontables que no fue notificado, los nombres de jueces, fiscales y abogados que decía eran sus “verdugos”.

Denunció las irregularidades y corrupción en el Fondo Indígena, se presentó a la Fiscalía para declarar y colaborar en las investigaciones, pero fue detenido y desde ese día no salió sino directo al hospital donde falleció.

“Una vez me cautelaron 14 veces en un mismo día”, rememoró en 2021 cuando habló con la ANF. La arremetida fue producto de las denuncias en las que identificaba a los responsables políticos del desfalco a esa institución.

En su memoria guardaba que estuvo ante 84 jueces, 91 fiscales durante todos los juicios que tuvo que enfrentar. Todas sus acciones de cesación a la detención preventiva fueron rechazadas, sus pruebas siempre eran rechazadas y hasta el último día de su vida no le permitieron asumir su defensa en libertad.

Derpic cree que los jueces no se inmutan ante las injusticias que comenten, “están felices y tranquilos porque obedecen al poder. Para ellos viene clarísima las palabras del profeta Amos: malditos jueces que hacéis sufrir al pobre, al oprimido y al necesitado”.

Una autoridad jurisdiccional de un Tribunal Departamental de Justicia, que prefirió mantener su identidad en reserva, reconoció que “existen jueces y autoridades que no asumen su responsabilidad de administrar justicia, pero que hay otras que tomamos en serio esta función”, dijo a la ANF.

Terán sostiene que el Estado ha suscrito prácticamente todos los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y que lo que hace falta es implementarlos.

JUEZ EBRIO

Las denuncias rayan en lo “vergonzoso”. El año pasado un juez fue denunciado por dirigir una de sus audiencias en estado de ebriedad y tararear una canción faltando el respeto a su propia investidura y a las partes del proceso.

Los “consorcios” de jueces, fiscales y abogados es un “modus operandi” muy común en el país. Varios han sido identificados, es más, autoridades jurisdiccionales y fiscales fueron detenidos tras develarse estas asociaciones cuyo perfil -según las denuncias- es delincuencial.

En marzo de este año, la jueza Gladys Bacarreza fue enviada a la cárcel con detención preventiva, imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, supresión y desaparición de alrededor de 92 expedientes.

Tiene 56 denuncias disciplinarias en su contra, además tiene cinco procesos penales. Pese a estar detenida, seguía en el cargo.

Pero hay más casos de administradores de justicia que no someten sus actos al imperio de la ley y la Constitución dice Derpic, para citar algunos otros casos se refiere a la “injusta” detención de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), como la de César Apaza que es “cruel e inhumana” o la de Freddy Machicado y otros que rechazaron el funcionamiento del mercado ilegal de coca en La Paz.

Trajo a la memoria las acciones de “persecución” política al amparo de la justicia contra la dirigencia del Comité Cívico Potosinista. Por ejemplo, Marco Pumari en la cárcel, Juan Carlos Manuel falleció en la clandestinidad, Ramiro Subia permanece en la clandestinidad.

IMPUNIDAD DE JUECES

Derpic sostiene que la impunidad de jueces y magistrados sin sanción es un precedente nefasto para el sistema judicial y para el país en su conjunto. “Los jueces pueden hacer lo que se les antoja, que las leyes son solo para unos y no para todos. Ese es el lamentable precedente de todas estas acciones”.

Acotó que las instituciones que tienen la función de imponer sanciones disciplinarias, procesar y suspender a los administradores de justicia, como el Consejo de la Magistratura, funcionan para temas menores sin relevancia política.

Sin embargo, la funcionaria que habló en reserva con ANF tiene un criterio distinto, sostiene que el Consejo de la Magistratura ha generado más problemas que soluciones, por ser un ente “persecutor y sancionador. No es un gestor de políticas”, cuestiona.

Además, identifica que el factor económico afecta en el funcionamiento del Órgano Judicial porque mientras se incrementa el personal jurisdiccional “se triplica los usuarios” y solo se fortalece el ámbito administrativo, pero no el jurisdiccional.

Precisó que se requiere mayor número de jueces, porque no es sostenible que un juez cautelar realice 10 o 15 audiencias, incluso los sábados. “Es un trabajo humanamente imposible de sostener”.

Admite que existe retardación porque un juez cuando tiene 10 audiencias, no tiene tiempo para realizar el despacho de causas, emitir resoluciones que no es cualquier providencia, sino que amerita un razonamiento o revisar jurisprudencia “y el tiempo no es suficiente”.

Citó la falta de equipamiento, de sistemas tecnológicos más efectivos, de infraestructura con las condiciones. Observó la falta de coordinación con la Policía y la Fiscalía.

Dice que en la fase investigativa -que es fundamental- se comenten muchas fallas y que es el origen para los subsiguientes defectos en el proceso. Mencionó que se remueve a fiscales lo que afecta en la investigación y que con esas “deficiencias” llegan al juicio.

“Una investigación tan escasa, tan pobre, que no aporta elementos probatorios derivan en impunidades, detenciones, absoluciones”, precisó. (ANF).