La parte querellante denunció que la Justicia les obliga viajar a San Julián para notificar personalmente a los cinco implicados y que incluso les negaron la posibilidad de emitir un edicto.
> Desde que el caso salió a la luz, se advirtió un supuesto favorecimiento y protección de la justicia hacia los presuntos agresores, por la falta de diligencia de la Fiscalía y jueces asignados para llevar el proceso adelante.

El proceso penal seguido a un grupo de avasalladores de tierras, por el secuestro y tortura de seis periodistas, está en riesgo de poder cerrarse ya que cumple tres años el próximo 28 de octubre y la justicia pide a las víctimas notificar personalmente a cada acusado en San Julián, lo que dificulta el avance del proceso y pone en riesgo la vida de los denunciantes, según una investigación de Sumando Voces.
El proceso que se sigue en contra de los agresores corre riesgo de cerrarse, pues el código de procedimiento penal establece que luego de tres años de duración de una acción penal, el juez o tribunal declarará su extinción.
El camarógrafo de ATB que sobrevivió a las agresiones, Percy Suárez, y la abogada, Raquel Guerrero, advirtieron la falta de diligencia del Ministerio Público y del juzgado de Concepción, quienes insólitamente han pedido a las mismas víctimas ir a notificar con la acusación fiscal a sus agresores para dar comienzo al juicio oral.
Además de poner en evidente riesgo la vida de las víctimas, Suárez alega que el solo hecho de asistir al juzgado significa para los denunciantes un viaje de seis horas desde Santa Cruz a Concepción.
Al margen de llevarles la notificación, la justicia les pide llevar 5.000 fojas de documentación procesal a cada uno de los cinco acusados: tres de ellos se encuentran con medidas sustitutivas y otros dos sin medidas cautelares.
“¿Qué nos dice la juez? Que nosotros tenemos que ir a notificar a las personas que nos agredieron. Tenemos que ir hasta San Julián a buscarlos. Tenemos que ir con el folder a notificar uno por uno para que ellos se presenten al juicio, cosa que no va a suceder porque yo no voy a arriesgar mi vida, ni tampoco la doctora Guerrero”, manifestó Suárez.
Adicionalmente, la jurista sostuvo que se les rechazó la posibilidad del edicto. “Ellos (el Tribunal) nos exigen que nosotros seamos quienes notifiquemos en sus casas (a los acusados). Están colaborando a la impunidad”.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, advirtió que este caso puede resultar en uno de los más graves ejemplos de impunidad de violencia a periodistas en vista de que se protege a los agresores y no se garantiza el debido proceso.
La investigación es el fragmento de un reportaje ganador de un fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

EL CASO
El 28 de octubre de 2021, un grupo de seis periodistas, cuatro policías y siete trabajadores locales sufrió violentas agresiones por parte de avasalladores encapuchados y armados con escopetas, quienes les impidieron el ingreso a la hacienda Las Londras ubicada en la provincia cruceña de Guarayos.
El grupo delincuencial llegó a amenazar a los periodistas con asesinarlos apuntándolos con armas de fuego, por registrar conflictos que venían ocurriendo en la región, hechos dejaron varias personas fallecidas.
El caso Las Londras es considerado el de mayor violencia hacia el gremio periodístico en los últimos años, en el cual actualmente no existe una sola persona condenada, por lo que aún permanece en total impunidad.