El 24 de enero de 2023, el juez Marco Antonio Amaru, procesado por favorecer a un feminicida y un asesino, se declaró competente para procesar a la expresidenta en la vía ordinaria por el caso denominado Senkata, ocurrido en 2019, dejando de lado el juicio de responsabilidades derivado a la Asamblea Legislativa, en 2021.
El caso Senkata se remonta al 19 de noviembre de 2019, cuando un operativo militar y policial desbloqueó el paso de combustibles desde la planta ubicada en esa zona y que causó la muerte de 10 personas y varias heridas.
En la oportunidad, el abogado Luis Guillén, que patrocina a la expresidenta, manifestó que el juez no revisó su competencia y cometió el delito de prevaricato tomándose “atribuciones que vulneran atribuciones de la Asamblea Legislativa”.
En audiencia virtual, antes de que el juez Amaru dicte la resolución, la expresidenta recordó que en 2019 Evo Morales vulneró la Constitución Política del Estado (CPE), ordenando a las fuerzas del orden que no protejan al pueblo frente a sus “grupos irregulares armados”, y que haya salido del país sin esperar que la Asamblea Legislativa acepte su renuncia.