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Usan detención preventiva como práctica común

El Diario
Publicado Lunes, 29 de Agosto de 2022.
Usan detención preventiva  como práctica común
De acuerdo con datos oficiales, la tasa de aplicación de prisión preventiva es de 65%.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de sus redes sociales, cuestionó que los fiscales y jueces hayan convertido la detención preventiva en una práctica común, lo que ocasiona el hacinamiento carcelario en el país.


“Fiscales y jueces han convertido la detención preventiva en práctica común. Un abuso que llena cárceles”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.


Este pronunciamiento surge después de que se difundió un video en redes sociales, donde se muestra a una mujer que se arrodilla ante una juez del municipio de Cotoca del departamento de Santa Cruz pidiendo que defina hora para una audiencia cautelar.


La exautoridad lamentó que los administradores de la justicia no respeten el procedimiento “ni contribuye a la realización de la justicia”.


En el video se observa que la mujer, desesperada y con lágrimas en los ojos, ingresa a la oficina de la juez de ese municipio y arrodillándose le implora que señale fecha para la audiencia del caso donde está implicado su esposo, que está detenido en la cárcel de Palmasola.


El hecho fue registrado por su hija, tras la súplica de la mujer la juez le dice que pase y cierre la puerta para que defina una fecha para la audiencia.


Este hecho fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe que entregó en junio pasado en el que señala que Bolivia es el cuarto país de la región con mayor porcentaje de personas detenidas preventivamente.


“En particular, de acuerdo con datos oficiales, la tasa de aplicación de prisión preventiva es de 65%. Por su parte, la sociedad civil ha documentado que este porcentaje se acerca al 70%”, indica el informe.


A la vez, el Informe sobre la Situación de la Justicia en Bolivia que presentó la Fundación Construir, indica que hasta marzo del año en curso el 65,76% de la población en cárceles se encuentra recluida con detención preventiva.

RECOMENDACIONES


SIN CUMPLIMIENTO


A pesar de las recomendaciones internacionales y la aprobación de nuevas leyes en Bolivia, los fiscales y jueces continúan solicitando y aplicando de manera discrecional la figura de la detención preventiva –que debería ser excepcional–, sin que exista una razón fundada, valedera y sobre todo legal para privar de libertad a una persona, señalaron los abogados Eusebio Vera y Roger Valverde.


En criterio de los juristas, la aplicación de esta medida cautelar obedece a la falta de preparación y formación académica de los fiscales que en su gran mayoría no saben identificar con objetividad el delito; también a la politización y servilismo del sistema judicial que se allana a presiones del Ejecutivo y organizaciones; e incluso obedece a razones económicas como enviar más personas a las hacinadas cárceles para reproducir el circulo vicioso de abuso y corrupción que se genera en torno al sistema penitenciario.


“Los fiscales indiscriminadamente están solicitando la detención preventiva y desgraciadamente los jueces están dando curso sin ningún justificativo legal”, coinciden los juristas y advierten que estos hechos constituyen “arbitrariedades” de los funcionarios judiciales.


“Desgraciadamente ni siquiera los Tribunales de Apelación están aplicando adecuadamente la ley porque cuando uno interpone un recurso de apelación, en las cortes departamentales están haciendo exactamente lo mismo, es decir aplicando de manera arbitraria e ilegal la detención preventiva”, apuntó Valverde a ANF.


Vera recuerda que a pesar de las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal con la Ley 1173 y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de utilizar la detención preventiva lo menos posible, las autoridades la incumplen.


Las cárceles de Bolivia se encuentran hacinadas de personas donde siete de cada diez no tiene sentencia, indicador que sitúa al país con una de las tasas más altas de Latinoamérica en detención preventiva. Esta medida cautelar es considerada como una anticipación de la condena porque vulnera el principio de presunción de inocencia, y afecta de manera drástica a quien la sufre y a sus familiares. (ANF)



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