Tras la aprehensión del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Froilán Mamani por agredir a su pareja, quien trabaja con el legislador como su asesora, la activista social de El Alto, Guadalupe Daza, en contacto con EL DIARIO recordó los casos de los exlegisladores Justino Leaño, Jacinto Vega, Eugenio Quispe y del excónsul Ariel Iriarte, los tres primeros sentenciados por violación a menores de edad, y el último cuyo estado del proceso se desconoce.

Ayer se conoció que el diputado Mamani participó en la toma de nombre en una unidad educativa en la provincia Pacajes del departamento de La Paz, a la que asistió con su pareja.

“Posteriormente, ambos retornaron a La Paz el viernes por la madrugada, se trasladan hasta un domicilio en la zona de Sopocachi de La Paz donde el parlamentario comenzó a golpear a la víctima. Tras el hecho el sujeto salió del domicilio y se trasladó hasta la urbe alteña”, se lee en un reporte de ANF.

La víctima presentó la denuncia en contra de Mamani por violencia intrafamiliar, el informe forense determinó que tiene ocho días de impedimento por los golpes que le propinó el sindicado.

Al momento de ingresar a celdas policiales, el legislador estaba con la cabeza cubierta, agachado y con un barbijo en la cara. Se prevé que en las próximas horas el Ministerio Público presente una imputación en contra del sindicado.

Daza lamentó que los legisladores usen su cargo para aprovecharse de las mujeres que muchas veces deben ceder a sus caprichos para no ser despedidas.

“Lamentablemente que las asesoras sean la pareja de los diputados o senadores ya no es desconocido, se han sabido de muchos casos, como el de un senador de la anterior gestión que tenía a su pareja trabajando como asesora cuando no tenía noción del cargo ya que su profesión era enfermera. Asimismo estos sujetos chantajean a las jovencitas para que permanezcan en el cargo, y como no hay fuentes de trabajo no les queda más que aguantar”, lamentó.

SON DEL MAS

La activista recordó que se conoció muchos procesos por violencia contra exlegisladores aunque no se conoce de manera oficial que hayan sido expulsados por la dirigencia del MAS, por el contrario, dijo que algunos recibieron protección de sus compañeros de partido.

“Estos casos tuvieron un común denominador, la protección de diferentes autoridades del MAS. Las víctimas tuvieron que peregrinar durante varios años para lograr la sentencia de los agresores sexuales”, dijo.

Daza recordó el caso del exdiputado Justino Leaño, acusado de violar a su hija menor de ocho años. La denuncia por ese delito fue presentada ante el Ministerio Público de Potosí el 16 de agosto de 2012. Durante el proceso de investigación, la menor de edad, en una entrevista con la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Tupiza, informó que fue abusada sexualmente desde sus ocho años.

En enero de 2013, el legislador fue aprehendido y por ser diputado se benefició con detención domiciliaria, amparado en el artículo 152 de la Constitución Política del Estado. Siete meses después, en agosto, fue condenado a 23 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual cometidos contra su hija, empero ya se había fugado del país. Interpol emitió Sello Rojo para la captura de Leaño, pero nunca se ejecutó.