Milena Soto, activista de la Resistencia Juvenil Cochala, no estuvo en Sucre durante las protestas contra el fiscal general Juan Lanchipa de octubre de 2020, pero el Gobierno pretende sentenciarla por delitos que tienen sanción de 20 años de cárcel con una acusación por siete supuestos delitos contra ella y otros cinco jóvenes cochabambinos.

La notificación contra Soto, joven abogada cochabambina, salió hace dos semanas, luego de concluida la etapa preparatoria para el juicio oral contra la Resistencia Juvenil Cochala, en el caso denunciado por la anterior Brigada Parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) por Chuquisaca, a la que luego se sumó la Gobernación departamental, la Alcaldía de Sucre, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.

“Mi persona no asistió a las movilizaciones pacíficas en Sucre. No hubo destrozos, no se impidió el ingreso o la salida de los funcionarios de la Fiscalía y todo aquello está grabado por los medios de comunicación de Sucre”, relata Soto a Visor21.

Los presuntos delitos por los que se acusa a los jóvenes activistas son organización criminal, destrucción o deterioro a bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación ilícita, tenencia y porte o portación ilícita de armas, atentado contra bienes públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado.

20 AÑOS POR PETARDOS

Y UN GRAFITI

Entre el 4 y 6 de octubre de 2020, una treintena de jóvenes de la RJC llegó a Sucre para exigir la renuncia de Lanchipa, sobre quien se habían presentado una decena de denuncias por presunto terrorismo, enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y otras, además de ser funcional al MAS, que fueron rechazadas en el Ministerio Público.

El lunes 5 se sumaron jóvenes sucrenses de otras plataformas ciudadanas y se dirigieron a la sede de la Fiscalía General para protestar pacíficamente con el uso de petardos, como es costumbre, por ejemplo, en las marchas en la sede de gobierno, y se realizó un grafiti contra Lanchipa en la fachada del edificio.

Para la Brigada masista aquello constituyó un “grave atentado” y se comenzó el proceso que recién en diciembre de 2021 inicio la etapa procesal, pero que en agosto ya había activado la detención preventiva, en la forma de arresto domiciliario y arraigo, contra Soto y los otros jóvenes cochabambinos Yassir Molina, Mario Bascopé, Favio Bascopé, Jaime Maldonado, a los que se sumó el pasado martes otras dos personas, en grado de “complicidad”.

“Nos quieren sentenciar por haber pedido y exigido al fiscal general que deje de ser masista, que deje de ser corrupto y que se aparte para que otro fiscal general devuelva el estado de derecho en este país”, agrega la joven activista.

El fiscal de materia Javier Ángel Gorena, informó que este lunes 6 de junio vence el plazo para que los siete acusados presenten sus descargos. Aclaró que las notificaciones fueron entregadas en cada centro de reclusión donde permanecen los miembros de la RJC, como Molina que está recluido en el penal de San Pedro de Oruro o Soto con arresto domiciliario en Cochabamba.

Soto también denuncia que su caso es manipulado desde el Ministerio de Gobierno, pues ella fue funcionaria de la Dirección Regional de Migración en Cochabamba aquel octubre de 2020 y el día de las protestas en Sucre se encontraba trabajando en su oficina.

Sin embargo, la directora regional Gala Bustamante, a quien Soto identifica como miembro del grupo Columna Sur del actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mandó a borrar su registro biométrico para decir que ella “faltó hasta cinco días” a su fuente laboral.

Soto también afirma que tiene como pruebas de descargo el respaldo firmado y sellado del cobro de su sueldo en esa fecha, además del detalle de los registros de trámites de arraigo que realizó durante esos días en su oficina.

Sobre los daños ocasionados al edificio patrimonial de la Fiscalía General, la activista y abogada recuerda que para que exista un daño calificado este debe superar los Bs 70 mil (equivalente a 10 mil dólares), pero que el informe pericial determinó un monto de Bs 4.380 que ya fue cubierto para reparar la pintura y algunos vidrios del edificio.

“Estoy detenida sin haber participado en las protestas de Sucre, y estoy con doble detención, porque si bien puedo estar al lado de mi hijo, estoy restringida de trabajar para poder sostener a mi familia”, reclama la activista cochabambina que debe viajar cada 15 días a la capital del Estado a firmar el libro de asistencia en la Fiscalía.

Además, Soto afirma que el Gobierno y la Fiscalía arman el caso en contra la RJC a tal grado de usar imágenes de 2019 para decir que ella estuvo en Sucre el 2020, y algún funcionario, al percatarse de ese error, acusó a la joven de “coordinar” las acciones desde su celular.

La activista adelantó que todo el aparato estatal que acusa a la RJC presentará 70 testigos de cargo, además del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para señalar a los jóvenes cochabambinos como una “organización criminal”.

“Fui la única de la Resistencia que presentó su testimonio ante dos miembros del GIEI, pero mi declaración no se tomó en cuenta y se hizo a un lado. Además yo firmé un certificado que estipulaba que ninguna declaración personal podía ser utilizada en un posible proceso en mi contra y ahora vemos que el Gobierno y la Fiscalía utilizan ese informe parcializado del GIEI para decir que somos una organización criminal”, advierte Soto.

CAMPAÑA INTERNACIONAL

CONTRA LA RJC

La Fiscalía General, en el inicio del juicio oral para esta semana, adelantó que pedirá la pena máxima contra los siete acusados.

“Los sujetos, con diferentes conductas, habrían perpetrado diferentes delitos y esta situación va a arrastrar al delito más grave, en todo caso la pena más grave va a arrastrar a los otros delitos, estimamos 20 años por el delito de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado”, declaró el fiscal Gorena.

A aquello se suma una campaña internacional para tratar de estigmatizar a la RJC como una “organización paramilitar”, con el objetivo de sustentar la figura de “organización criminal” que implicaría esa sanción de 20 años de cárcel.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, agente ligado a los regímenes del socialismo del siglo XXI dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), “felicitó” al gobierno del MAS por “desmantelar” a la RJC, a la que señaló como “corresponsable”, incluso, de los hechos de Senkata y Sacaba de noviembre de 2019.

“La RJC es grupo armado paramilitar, grupo criminal corresponsable por las masacres y violencia generalizada del golpe de 2019. Excelente ejemplo del gobierno de Bolivia que da cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y del GIEI para desmantelarlo”, escribió en Twitter el pasado 27 de mayo.

A su vez, la operadora norteamericana de la ONG Andean Information Network o Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, cuya sede se encuentra en el trópico cochabambino, declaró a los medios gubernamentales que fue “víctima” de la RJC con constantes hostigamientos y amenazas de muerte contra su persona.

La norteamericana, que también coordina acciones con los dirigentes del Chapare, base política de Evo Morales, y la emisora Radio Kausachum Coca con su portal en versión en inglés, pidió que también se investigue a exjefes policiales de 2019, como el exmayor Erwin Morales, a quien señaló de haber “entrenado” a los jóvenes de la RJC.

ROL DE LA OPOSICIÓN

Soto lamenta que la oposición parlamentaria de Cochabamba, en referencia a la bancada de Comunidad Ciudadana, no se haya manifestado en apoyo a este grupo que durante octubre y noviembre de 2019 salió a defender la capital valluna de un inminente ataque de las hordas masistas, tal como había sucedido en La Paz tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Sin embargo, la bancada de Creemos sí publicó un comunicado de apoyo a la RJC en el que se exhorta a la ciudadanía a impedir un nuevo atropello y montaje judicial contra estos jóvenes que llevan casi un año encarcelados y con dos acciones de ampliación de detención preventiva aprobadas por la justicia.

“La RJC fue parte de la movilización nacional democrática contra el fraude del MAS. No es responsable de ningún delito y más bien ayudó a parar el fraude masista y a resguardar la democracia. Instamos a movimiento cívico, a los partidos de la oposición democrática, a los ciudadanos de toda Bolivia, respaldar a los jóvenes de la RJC, para impedir que se consume un atropello contra su libertad y sus derechos constitucionales”, manifestó el comunicado de Creemos.

El viernes, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, visitó personalmente a Milena Soto en Cochabamba para expresarle su solidaridad y mostrar una carta que Creemos envió al relator especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diego García-Sayán, a quien expresan su denuncia por la tergiversación que hace el gobierno de Luis Arce sobre el informe del GIEI con el único objetivo de perjudicar a la RJC. (Visor21)