El representante de la Fiscalía precisó que Roberto Bohórquez, que era rector de la Universidad Tomás Frías y presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades, además de Rodrigo Rodríguez que era Secretario Ejecutivo de la Confederación de Docentes, deben aclarar por qué permitieron el cobro de sueldos de Max Fernando Mendoza Parra.
La semana pasada, sumaron seis denuncias en contra de Mendoza Parra, por presunto daño económico al Estado de más de 1,8 millones de bolivianos.
Según las denuncias, Bohórquez y Rodríguez fueron denunciados por suscribir la Resolución Administrativa 036/2018 del CEUB, en la cual se ratifica a Max Mendoza como Secretario Nacional interino con el pago de salarios y beneficios sociales, a pesar de que éste no cumplía con los requisitos para el cargo, como título profesional.
En ese marco, Flores dijo que las exautoridades están investigadas por los presuntos delitos de nombramientos ilegales, beneficios en razón al cargo y usurpación de funciones.
El domingo pasado, Mendoza Parra fue enviado con detención preventiva, por seis meses, al penal de San Pedro de La Paz imputado por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
ALLANAMIENTOS
Asimismo, tras el allanamiento a la que fuera oficina de Mendoza, los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) analizarán los documentos y aparatos electrónicos secuestrados para verificar si estos vinculan al dirigente universitario con el caso que investiga la Fiscalía.
“Ayer (lunes) se ha realizado un allanamiento en las oficinas de Mendoza donde se ha colectado diferentes documentos en los que se habían firmado diferentes resoluciones. Así como también se ha secuestrado CPUs, computadoras y otros aparatos electrónicos que serán remitidos al IDIF para el peritaje informático y procesamiento correspondiente”, explicó Flores.