La legisladora explicó que los gobiernos municipales, a través de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), deberán contratar a una autoridad sumariante, que tendrá la tarea de hacer cumplir los castigos que van desde “el 20% del descuento del salario mínimo, trabajos comunitarios, hasta el pago del tratamiento médico y psicológico a la víctima, y la suspensión temporal de la fuente de trabajo”.
“Se va a sancionar, por ejemplo, el acoso callejero, los insultos. Las autoridades competentes deben poner las sanciones, los gobiernos autónomos municipales deben poner las sanciones con los SLIM, designando una autoridad sumariante”, sostuvo Velasco en declaraciones al portal informativo Urgente.bo.
“Entonces, son medidas que se están implementando en el proyecto de ley. Esto ya depende de los municipios, son ellos que deben implementar las autoridades sumariantes. Por ejemplo, si Juan Pérez le insultó a una mujer en la calle, entonces ese caso será atendido por el SLIM y la autoridad sumariante va a tener que imponer las sanciones”, acotó.
Además, la norma contempla, según la senadora, que las alcaldías deben disponer el 10% del presupuesto para la atención de los casos de violencia intrafamiliar y seguridad ciudadana.
“Actualmente, no se hace, esos recursos se desvían para atención de otras actividades y no para la prevención de delitos contra la mujer. Ahora, con la norma, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, fiscalizará a que esos recursos puedan ejecutarse y que trabaje en temas de prevención y sanción”, subrayó la senadora del MAS.
El 19 de julio, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa y grupos de mujeres activistas presentaron un proyecto de Ley al presidente Luis Arce para la modificación de la 348. (Urgente.bo)