Mediante un memorial remitido por la Procuraduría General del Estado (PGE) al Ministerio Público, esta instancia de Gobierno solicitó se tome declaración a diez miembros de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) que participaron de las reuniones de pacificación del país en 2019.

Según un memorial remitido el pasado 30 de enero al fiscal del caso Omar Mejillones, la Procuraduría General pidió que se cite a declarar a los miembros de la CEB de 2019 para que presten declaración en el marco del caso “Golpe I”, por el delito de terrorismo.

El documento contiene una nómina de 10 miembros de la Iglesia Católica en el país, entre los que destacan, Monseñor Ricardo Centellas, quien fungía como vicepresidente de la CEB; el padre José Fuentes Cano, exsecretario general adjunto; Aurelio Pesoa, exsecretario general episcopal y monseñor Giovani Arana, obispo auxiliar de El Alto en 2019.

“Señor fiscal, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción, al amparo del Art. 306 de la Ley 1970, reiteramos las siguientes diligencias investigativas. Al amparo del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, ofrecemos la declaración testifical de las siguientes personas”, señala el memorial de la Procuraduría.

Al respecto, el arzobispo emérito de Sucre, monseñor Jesús Juárez, señaló que no corresponde que convoquen a las autoridades religiosas porque en su debido momento la Iglesia presentó sus descargos de su participación.

“Creo que estas citaciones no corresponden, la Iglesia ya puso todos sus buenos oficios a petición y también hizo un documento, en el que deja claro todo lo que ha sucedido. Que no repitan todo como disco rayado”, manifestó Juárez a la agencia ANF.

En junio del 2021, la Conferencia Episcopal de Bolivia, elaboró un informe dirigido al papa Francisco y a la Fiscalía General del Estado sobre su participación en la crisis política entre octubre y noviembre de ese año, donde explicaron las negociaciones que se desarrollaron en la Universidad Católica antes de la asunción de Jeanine Añez.

Para el vocero del Comité Nacional en Defensa de la Democracia, Manuel Morales, los intentos por solicitar la versión de los representantes de la Iglesia no prosperará, pues las autoridades gozan de un fuero ante el Estado boliviano.

“Este pedido es inaceptable y la fiscalía ha declarado que los obispos de la Iglesia gozan de una protección a nivel diplomática y, por tanto, a través de un documento escrito, por vía del Vaticano se pronunciarán, pero no pueden ser juzgados por un supuesto golpe de Estado que jamás existió. Esto no va a prosperar, es un acto de venganza y es pagar mal a aquellos que salvaron a algunos operadores políticos del MAS en 2019”, afirmó Morales en declaraciones a Unitel.