El viceministro de Justicia, César Siles, informó ayer que después que la justicia ordenó que la expresidenta, Jeanine Añez, sea juzgada en un juicio en la vía ordinaria por una designación que hizo cuando era mandataria de Estado, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía General que se amplíe la denuncia por los casos Sacaba y Senkata.

Siles recordó que por esos casos, exjefes militares y policiales son investigados en la vía ordinaria cuyas denuncias radican en las fiscalías departamentales de La Paz y Cochabamba.

El proceso por Sacaba y Senkata fue abierto por la muerte de al menos 37 personas durante los conflictos poselectorales de 2019, cuando fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana reprimieron movilizaciones de sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que rechazaban la renuncia de Evo Morales y amenazaban con hacer volar la planta alteña.

El representante de Gobierno, precisó que la denuncia en contra de Añez fue ampliada por los delitos de genocidio, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, lesiones graves, lesiones leves y otros.

AÑEZ Y SUS PROCESOS

La expresidenta Jeanine Añez enfrenta siete procesos, cuatro en la vía ordinaria, y espera la respuesta de la Asamblea Legislativa por cuatro requerimientos acusatorios en su contra para un juicio de responsabilidades. El dictador Luis García Meza fue sentenciado a 30 años de cárcel en un caso de Corte y le iniciaron dos procesos penales que no prosperaron.

El primer proceso que enfrenta Añez es a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, por un supuesto golpe de Estado, donde está imputada por sedición conspiración y terrorismo. Por este caso, la jueza Regina Santa Cruz ordenó, el 14 de marzo de 2021, la detención preventiva de la expresidenta en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

El otro proceso es a denuncia de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, también por el supuesto caso golpe de Estado. En este caso, la expresidenta fue acusada y sentenciada a 10 años de privación de libertad por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Por este proceso fue enviada con detención preventiva, computable desde el 3 de agosto de 2021.

Otro proceso que se le sigue en la vía ordinaria es el iniciado por la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), por un presunto nombramiento ilegal. En este caso agotó todos los recursos que la norma le permite para ser juzgada en un juicio de responsabilidades, por lo que anunció que demandará al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

JUICIO DE

RESPONSABILIDADES

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió, en agosto de 2021, a la Asamblea Legislativa (AL) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta por las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

El requerimiento acusatorio contra la exmandataria fue presentado por la Fiscalía al TSJ por los delitos de genocidio, lesiones graves, leves y lesión seguida de muerte.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, recordó que es el cuarto pedido de juicio de responsabilidades contra la exmandataria, los otros tres están relacionados con: el crédito del Fondo Monetario Internacional, la ampliación del contrato con Fundempresa y los decretos supremos para el confinamiento durante la primera ola de covid-19.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, adelantó que el tratamiento de un posible juicio de responsabilidades podría darse a mediados de septiembre, debido a la agenda de la Comisión Mixta de Justicia Plural en estos temas, no obstante no se conoció nada hasta la fecha.

LOS CASOS

En julio de 2022, cuatro militares fueron sometidos a audiencia cautelar por el caso denominado Huayllani, allí Pablo Guerra e Iván Inchauste fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz. Mientras que Aldo Bravo y Moisés Mejía, obtuvieron detención domiciliaria con custodios y una fianza de 150 mil bolivianos; ambos presentarían problemas de salud. No obstante Bravo ya estaba con detención preventiva por el caso Senkata.

Los cuatro fueron imputados por lo sucedido en el puente Huayllani, de Sacaba, en noviembre de 2019, cuando fallecieron al menos una decena de personas por disparos de arma de fuego y otras 125 resultaron heridas durante las intervenciones combinadas entre la Policía y las FFAA.

De acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), en Sacaba existió vulneración a los derechos humanos, una masacre con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

Sin embargo, la imputación por genocidio viola las recomendaciones hechas por los especialistas, que al momento de dar su informe aseguraron que no existen indicios de ese delito.

En anterior entrevista con es este medio, el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, manifestó que solo una de las víctimas del Puente Huayllani tenía proyectil calibre 5.56 de arma de fuego que se usan tanto la institución militar como la policial, empero también son utilizados en campeonatos y prácticas de tiro.

“No saben en absoluto el calibre de arma de fuego, menos dirección y distancias. Las Fuerzas Armadas en Huayllani fueron en apoyo a la Policía y estaban ubicados a partir de la tercera línea de defensa o contención, por lo tanto, ellos no podían disparar por encima de los policías de segunda y primera línea”, acotó.

Asimismo, recordó que las pericias forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) son incompletas.

“La escena tanto de Senkata como Huayllani fue contaminada. El GIEI no valoró las perforaciones de munición de guerra disparada desde el lado de manifestantes a los carros blindados en el Puente Huayllani. En Senkata descartan la posibilidad de sabotaje o destrucción de la planta. Habiendo las evidencias del derribamiento del muro que tampoco atribuye con contundencia a la responsabilidad de los manifestantes. Ellos si no tenían resistencia con seguridad tomarían la planta y personajes sin escrúpulos infiltrados entre los manifestantes pudieron generar un desastre lamentable para la familia alteña y boliviana, afectando por lo menos a cien metros a la redonda con cientos de muertos y enormes daños a la propiedad pública y privada”, dijo.

Asimismo, lamentó que el GIEI no haya convocado a declarar a los comandantes de los Comandos Estratégicos Operacionales (CEOs) ni de las Fuerzas, por lo que, en su criterio, el informe es inconcluso.