El abogado Gary Prado Araúz, que patrocinó a varios procesados en el juicio de supuesto terrorismo, lamentó que el procurador Wilfredo Chávez llame a conciliar a las víctimas, cuando él fue uno de los acusadores particulares en el caso. Advirtió que hoy vence el plazo para que el Estado responda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las recomendaciones del informe preliminar del proceso.

“Como ciudadano y como abogado que he estado vinculado a este proceso, no es ético ni correcto que quien esté llevando adelante la gestión de reparación de los daños sea Wilfredo Chávez cuando ha sido ministro de Gobierno, acusador particular de estas personas, eso no está bien, yo desde ahí sospecho la mala fe de la Procuraduría, porque en este tema, este caballero debería apartarse”, apuntó Prado en entrevista con EL DIARIO.

En julio de 2022 se conoció un informe de la CIDH en cuya conclusión señala que el Estado boliviano es responsable por “graves violaciones de derechos” de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados por un supuesto terrorismo. El proceso inició en 2009 y concluyó en 2020, con el sobreseimiento de todos los acusados.

La denuncia a la CIDH fue formulada por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros ejecutados en el operativo de abril de 2009, en Santa Cruz de la Sierra.

La petición, presentada en septiembre de 2009 y admitida en 2018, alegaba la “responsabilidad internacional” del Estado boliviano por la “ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas”, Dwyery, también el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, sobrevivientes de la operación policial, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza, recuerda el informe.

“La Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial”, señala otra parte del informe.

En ese marco, la CIDH hizo cuatro recomendaciones al Estado, entre ellas, reparaciones para las víctimas, disponer las medidas de salud física y mental que correspondan para su rehabilitación y adoptar las medidas necesarias para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.

REUNIÓN

Para las 14:00 horas de ayer la Procuraduría llamó a una reunión virtual, con las cinco víctimas y su abogado, empero la misma fue suspendida, porque uno de los convocados hizo pública la nota de la convocatoria, aunque en ninguna parte se aclaraba que era confidencial.

La convocatoria de la Procuraduría aclara que los puntos a tratar en la reunión son las dos primeras recomendaciones: Reparación integral con compensación económica a los afectados y rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes.

“La tercera que son los procesos penales a los responsables de las violaciones, entre los que está él (Chávez), no lo tocan”, dijo Prado.

En la nota el procurador informa a las víctimas que se desarchivó la denuncia que Tadic había presentado por el delito de torturas.

“Les hacen saber que han desarchivado una denuncia por torturas que hizo Mario Tadic y encima dicen (que es) del 2019 en Santa Cruz y Tadic no ha vuelto a Bolivia desde el 2015, esa denuncia la sentó en La Paz en 2009. Cuando se ven esas cosas no puede hacer otra cosa que pensar mal, yo me puedo equivocar de 2009 a 2019 pero no de Santa Cruz a La Paz, los dos errores juntos no van”, advirtió el jurista.

Asimismo aclaró que la tortura no es el único de los delitos por los cuales deben ser investigados y sancionados, sino otros como allanamiento ilegal, asesinato, detención ilegal, violación de principio de juez natural, vulneración al derecho a la honra y dignidad, los 11 años de encarcelamiento y otros, por lo que el desarchivo de la denuncia de Tadic no es suficiente.

Respecto a la recomendación de adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones, Prado advirtió que el Gobierno viene repitiendo las mismas actitudes y ello se evidencia con el “secuestro” de Luis Fernando Camacho.

“Le han hecho (a Camacho) exactamente lo mismo que le hicieron a Juan Carlos Guedes, le metieron un tiro al auto, lo emboscaron, lo bajaron, lo tiraron al piso, golpearon a la gente que estaba con él y se lo llevaron con rumbo desconocido, encapuchado, exactamente lo mismo que hicieron con Guedes. El Gobierno no está dando ninguna muestra de que quiere mejorar el respeto a los Derechos Humanos”, advirtió.

Asimismo, el jurista aclaró que hoy vence el plazo para que el Estado responda a la CIDH sobre los avances de las recomendaciones, aunque adelantó que es probable que soliciten ampliación.