El periodista Javier Martín Colque Rollano pidió respetar y observar el alcance de la Ley de Imprenta en respuesta a una citación que recibió para presentarse ante una comisión de fiscales como testigo de los sucesos violentos del 15 noviembre de 2019, registrados en la localidad de Huayllani.

No obstante, los tres fiscales que integran esa comisión consideraron insuficiente la justificación del comunicador para su incomparecencia y volvieron a citarlo para que preste “su entrevista testifical” este lunes 12 de septiembre a las 9:00 “bajo la alternativa de expedir mandamiento de aprehensión”.

De acuerdo a la “orden de citación testifical” de fecha 19 de agosto, Colque debía presentarse el 30 de agosto a las 15:30 ante la comisión en las oficinas de la Fiscalía de Sacaba para prestar declaración en calidad de testigo en la investigación dentro del caso denominado Huayllani en contra de Alfredo Cuellar Mercado y otros por la presunta comisión de los delitos de genocidio, asesinato y otros.

En medio de la convulsión política y social que vivió Bolivia a fines de 2019, el 15 de noviembre en la localidad de Huayllani, municipio de Sacaba en Cochabamba, se reportaron violentos enfrentamientos entre sectores que apoyaban al expresidente Evo Morales, fuerzas policiales y militares. Once personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas.

Por esos hechos, varios jefes policiales y militares han sido imputados, algunos se encuentran detenidos preventivamente, por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato y otros.

El periodista además de hacer referencia a errores en su apellido y su notificación mediante WhatsApp, en su respuesta a la citación deja en claro que estuvo en el lugar de los hechos cumpliendo su labor de periodista, de un medio televisivo del que hoy ya no es parte, como muchos de sus colegas de diversos medios.

“Es inaudito que refieran que mi persona pueda establecer datos de notas periodísticas que datan de mucho tiempo atrás y es necesario aclarar que mi persona no puede aseverar alguna verdad o falsedad de algún hecho, ya que mi trabajo como periodista es el de informar sobre los hechos sucedidos”, alega Colque en el memorial.

Asimismo, precisa que por tratarse de una cobertura periodística su presencia en el lugar de los sucesos de noviembre de 2019 debe ser tratada dentro del marco de la Ley de Imprenta y la advertencia de orden de aprehensión en su contra “resulta una amenaza, una coacción”.

En ese contexto, recuerda a los fiscales que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y tiene como fin “amparar y proteger a los periodistas” y precautelar la inviolabilidad del secreto de imprenta.

De acuerdo a los fiscales, como consta en la nueva citación, el justificativo de Colque no corresponde porque “no se le ha solicitado la emisión de información de sus fuentes de información” y la citación emitida está “orientada a la posibilidad de contar con entrevistas de testigos presenciales en el lugar del hecho, con la única finalidad de descubrir la verdad histórica y material de los hechos (…)”.

No obstante, el artículo 193 de la Constitución Política del Estado, señala: “Toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado (…)”.