Pedirán medidas sustitutivas para gobernador de Potosí imputado por el caso ambulancias
El legislador explicó a Erbol que según la imputación, el gobernador Mamani incurrió en una conducta ilícita de forma dolosa, atribuyéndole el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Precisó que la imputación se emitió después de que se solicitó conminar al Ministerio Público que se pronuncie respecto a la situación del Gobernador y otros investigados en el caso.
En ese marco, además del Gobernador, se imputó a otros funcionarios identificados como Rubén M. M. C., Luis R. L. G., Eulogio P. C. y Ramiro L. C. A.
De acuerdo a una publicación de Erbol, el juez del caso fijó audiencia de medidas cautelares para las 10.00 horas del próximo 4 de agosto.
DATOS
En enero pasado se reveló que la Gobernación de Potosí adquirió, mediante compra directa, un lote de 41 ambulancias. Posteriormente se conoció que los motorizados llegaron al puerto de Iquique y que los vehículos eran reacondicionados. Por ese hecho, la Fiscalía recibió cuatro denuncias en contra del Gobernador y una decena de funcionarios.
Tres meses después, la Fiscalía citó a declarar a Mamani en calidad de denunciado. En marzo, la Contraloría General del Estado, a través de un informe, señaló que “existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidades de la Máxima Autoridad Ejecutiva (el Gobernador), como del Responsable de Procesos de Contratación”.
Según el documento, los ciudadanos Jorge Pablo V. T., Carlos Alberto A. M. y David Favio P. M. fueron parte de la comisión de recepción del proceso de contratación de la gobernación, de acuerdo a las especificaciones técnicas registradas en el formulario 500 (recepción de bienes y obras y servicios), documento que figura en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
“Sin embargo, se pudo advertir que en los hechos no se llegó a recepcionar dichos bienes. Además, enfatizan que los documentos adjuntos al formulario 500 publicados en el Sicoes se constituyen en declaraciones juradas, por ende, dan fe al cumplimiento de contrato”, argumenta la Fiscalía en el documento.
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