El fiscal departamental de La Paz, William Alave, precisó que tras conocer la denuncia de las víctimas se amplió la investigación en contra del fiscal y luego de su declaración informativa dentro del caso, se ordenó la aprehensión que fue ejecutada por efectivos policiales, al encontrarse suficientes elementos de convicción de su posible participación en el hecho.
De acuerdo a la declaración de las víctimas, ellas tuvieron contacto directo con el fiscal para llegar a un posible acuerdo en el proceso y así él se beneficie con un monto económico, entre otros elementos que sostiene la hipótesis de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
El fiscal anticorrupción, Gustavo Balderrama, señaló que dentro del caso se tiene que las víctimas solicitaron una conciliación a la que el fiscal no dio curso, luego el 8 de junio fueron convocados a ese despacho para recoger un requerimiento, pero el funcionario presuntamente les manifestó que no podía ayudarlos, para después llamar a su pasante ad honorem Sergio R. H. M. y hablarle al oído.
Inmediatamente, el pasante llevó a las personas afuera de la oficina y les dijo que el fiscal le indicó que podían realizar un procedimiento abreviado al proceso de violencia familiar y que llamen a su abogado para que presenten el memorial lo más antes posible, pero que “debían reconocerle al fiscal”.
Las denunciantes, solicitaron a su abogado un memorial, pero no pudieron entregarlo porque las oficinas ya estaban cerradas y llamaron al pasante para coordinar un lugar de entrega de sólo 1.000 bolivianos que consiguieron.
Antes de entregar el dinero, las denunciantes sacaron fotocopias simples de los billetes, mismas que fueron presentadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde denunciaron el hecho. Posteriormente, entregaron los 1.000 bolivianos al pasante del fiscal en inmediaciones del cruce a Viacha a horas 21:30, aproximadamente, donde fue aprehendido en flagrancia.
El pasante fue imputado por el Ministerio Público y en audiencia de medidas cautelares se determinó su detención preventiva al penal de San Pedro por el lapso de cuatro meses.