A lo largo de estos últimos once meses de 2022, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos.

Siete organizaciones que defienden las libertades de prensa y expresión, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenaron y denunciaron la violencia contra el periodismo y llamaron a los Estados a combatirla.

Según las organizaciones existen cuatro tendencias preocupantes en el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica.

REGÍMENES CAUDILLISTAS

Para las organizaciones una de las tendencias para el agravamiento de la situación es el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas.

“A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas”, se lee en un boletín de prensa de la SIP.

Aseguran que es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo.

DESINFORMACIÓN

EN LÍNEA

La desinformación en línea, es otra preocupación de las organizaciones. “Nos preocupan las estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea”, señalan.

Manifiestan que ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. “Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población”.

Expresan su preocupación por que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos, como es el caso de los procesos electorales, no pocas veces esto significa obligar al periodismo a desmentir a las autoridades.

“Las operaciones para desinformar y estigmatizar minan la confianza en el periodismo”, dicen.

PROTECCIÓN

Para las organizaciones que defienden la libertad de prensa, los mecanismos de protección, también son un agravamiento para la situación. “A pesar de significar un avance para la garantía de los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de protección sufren de problemas en su funcionamiento. Estos no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación. Por ello es necesario fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos programas”.

Aseguran que los Estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias. Paralelamente, debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión.

ESPIONAJE

La vigilancia y espionaje son otra de las preocupaciones. “Las fuerzas de seguridad de los Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los y las periodistas de manera ilegal. El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos”.

Las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y de prensa ya han señalado diversas rutas para que los Estados de la región afronten estos retos, desde estrategias para combatir el acoso judicial y la impunidad; el fortalecimiento en la independencia y profesionalidad de quienes integran las instancias de procuración de justicia; la creación de mecanismos de protección donde no existen, y fortalecimiento de los ya existentes; así como detener las prácticas de vigilancia contra periodistas y actuar para proteger la conversación pública online y offline que incluye el cese a los discursos estigmatizantes que aumentan las hostilidad para el ejercicio periodístico.

Recuerdan que un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio.

“Hacemos un llamado a los Estados, a fin de que adopten éstas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo”, advierten.

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FOTO: ANP