“(Se debe asegurar) en todo momento el respeto de los estándares internacionales por parte de las fuerzas policiales”, señala el documento.
Asimismo, el organismo afirmó que el derecho a la protesta “no puede limitar los derechos de otras personas”, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
“Las víctimas de violencia de género, por ejemplo, deben poder recibir atención por las instituciones competentes y organizaciones de la sociedad civil sin restricciones. La denuncia sobre cualquier limitación debe ser investigada oportunamente”, se lee en parte del documento.
También hizo mención a que los hechos de violencia ocurrido en pasados días con la pérdida de vida humanas, heridos, daños a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales “de cualquier naturaleza y de cualquier actor” no tienen cabida “son inaceptables y no pueden repetirse”.
Santa Cruz cumple hoy 26 días de un paro indefinido en demanda de que el censo se adelante para 2023, y en pasados días se advirtió que continuar la medida de presión si no se liberaba a al menos 17 personas que fueron aprehendidas por los hechos de violencia del 11 de noviembre.
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CRÉDITO: EL DEBER