El jurista advirtió que contrario a las directrices de investigación del Ministerio Público, el fiscal asignado al caso, Edwin Sarmiento, no pidió pericias a los elementos probatorios como el arma blanca, donde se debería determinar las huellas dactilares y compararlas con los de los acusados.

Lamentó que se pretenda considerar como prueba científica a una lista de todos los elementos que se recolectaron, cuando se tiene que demostrar de quién es la sangre, compararla con la de la víctima, etc.

En ese marco dijo que en este caso, no solamente se está “entrando a una suerte de negligencia o poca capacidad del Ministerio Público sino que estamos rayando en incumplimiento de deberes porque estas cosas son básicas dentro de cualquier investigación criminal”.

“Queremos coadyuvar con la investigación, por eso hemos propuesto peritajes, para saber qué huellas están en el arma, a quién pertenecen esos espermatozoides (encontrados en el cuerpo de la víctima) pero si no podemos contar con esos elementos investigativos obviamente no vamos a encontrar a un culpable y esto va a poner en riesgo a la ahora víctima, que se considera a la madre de la víctima, y que no se haga justicia en este caso”, dijo el jurista.

Aclaró que en el cuerpo de la víctima se encontró restos de semen, empero no se realizó las pericias para determinar a cuál de los dos acusados pertenece la misma, y cuando pidieron que se lo haga, la solicitud fue rechazada.

“Entendemos que es un hecho lamentable el que ha ocurrido con la víctima, sin embargo, no se puede culpar a cualquier persona. Estamos en peligro de que el verdadero culpable también salga libre por la negligencia que está cometiendo el fiscal, toda vez que el levantamiento del cadáver no prueba la autoría del hecho delictivo de feminicidio”, dijo el jurista.

Advirtió que entre los testigos que presenta la Fiscalía, están la menor que advirtió la presencia de Mayerly en un barranco de Inca Llojeta, la mamá de la víctima y los investigadores del caso que realizaron el levantamiento del cadáver.

“Una menor de edad que encontró el cuerpo sería un testigo, pero ¿de qué son testigos?, de que existía un ser humano descuartizado, pero de ninguna manera puede considerarse testigos del crimen como tal y ser expuestos en un tribunal para que declaren cómo han sucedido los hechos, precisamente la madre, la menor, ni los investigadores que han realizado el levantamiento del cadáver pueden asegurar quién ha cometido el delito”, dijo.

Asimismo manifestó que la única pericia que se hizo fue la triangulación de llamadas que demuestra que su patrocinado jamás ha tomado contacto directo con la víctima y que el día de los hechos Roberto estaba entre la zona Ballivián y 16 de Julio de la ciudad de El Alto y no en Inca Llojeta de la ciudad de La Paz, donde fue encontrado el cadáver.

DETENCIÓN

PREVENTIVA

En septiembre de 2021, Roberto fue enviado con detención preventiva, por seis meses, al penal de San Pedro de La Paz. El plazo fue ampliado por dos meses y en esta semana se definirá su situación jurídica ya que su defensa pidió el cese de su detención preventiva y que se defienda en libertad.

“Hemos superado el plazo de detención preventiva, estamos a la espera de día y hora para la apelación de la medida cautelar y Roberto Huanca se defienda en libertad”, precisó el jurista.

El caso ya cuenta con acusación formal, empero aun no inició el juicio oral y público.

EL DIARIO buscó la versión del fiscal Sarmiento, empero vanos fueron los intentos a pesar de que se envió un cuestionario, como lo solicitó.