De acuerdo a los antecedentes, los ahora imputados participaron de una reunión de Gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que también participaron autoridades del Alto Mando Militar y Policial, la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga y la expresidenta de Estado, Jeanine Añez y otros exministros, en la que Lizarraga presuntamente tomó contacto con personal policial de la República del Ecuador en el que hubiera acordado que ese país pueda facilitar equipos antimotín, gases y otros explosivos.
“Los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores”, según un boletín de prensa de la Fiscalía de La Paz.