Valda explicó con documentos y expedientes del caso, la forma en la que cuatro miembros de Inteligencia armaron la aprehensión de tres jóvenes paceños que el 21 de julio participaron en la marcha de médicos y activistas de derechos humanos.

Pasado el mediodía, cuando la marcha concluyó, y luego de amagues de enfrentamiento con grupos masistas violentos, ocho personas llegaron hasta plaza Abaroa, en la esquina del Ministerio de Defensa, momento en que un grupo de policías vestidos de civil los arrestaron. Extrañamente, cuatro de ellos se sometieron sin cuestionar que no exista alguna orden formal.

Mauricio B., Rodolfo R., Ricardo F., junto a la esposa de uno de ellos fueron separados en celdas judiciales, para luego ser sindicados por “portación de armas y explosivos” por los petardos que tenían en sus mochilas, así como una botella de vinagre usada para prever alguna gasificación, que para la Fiscalía representa un “riesgo de explosivo”.

El jurista dijo que los cuatro militares registraron nombres falsos, pero al salir firmaron con sus nombres verdaderos de Óscar Sánchez, Hugo Herrera, Álvaro Barcaya y Luis Lero Condori.

Los tres jóvenes de la “resistencia juvenil paceña” fueron imputados y la Fiscalía solicitó detención preventiva por tres meses, bajo el argumento de que pueden “obstruir la investigación” al comunicarse con los otros arrestados, que son precisamente los cuatro militares liberados ese mismo día.

Valda explicó que los jóvenes portaban escudos porque decidieron salir a proteger a las esposas de los policías y militares que se sumaron a la marcha para exigir la liberación de sus familiares, todos detenidos por el caso “golpe de Estado”.

INFORME

El informe preliminar del investigador del caso, además, estableció que no hubo ningún indicio delictivo; sin embargo, en el acta de requisa se encontró credenciales y celulares a Aaron Mendizábal, Manuel Uria, Bruno Monasterios y Luis Condori, los cuatro arrestados con nombres falsos que eran militares de Inteligencia.

En las primeras horas, una abogada de defensa trató de ayudar a los ocho arrestados y aprehendidos; sin embargo, cuatro de ellos negaron dar sus datos personales o que se les saque fotografías. Los cuatro, se estableció ahora mediante registros oficiales, cumplen funciones en el Ejército.

Dos fiscales rechazaron firmar el caso, incluido Omar Mejillones, el acusador de la expresidenta Jeanine Añez, bajo excusa de baja médica, pero sí accedió la fiscal de Cochabamba, Ingrid Feraudi.

Valda concluyó que el mensaje político del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), es amedrentar a todo aquel que quiera salir a protestar o marchar, más aún si vuelven a aparecer los escudos y cascos que caracterizaron a las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019.

ILÍCITOS

Al respecto la representante de las esposas de Policías, Guadalupe Cárdenas lamentó que el Estado Mayor del Ejército envíe a cometer ilícitos como lo hicieron ayer en el Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra.

“Quienes estaban cargando más petardos eran los tenientes y ¿para qué?, para hacernos culpar”, dijo.

Aclaró que al haberse infiltrado los militares cometieron un ilícito, porque los militares no pueden ser parte.

“Se le va a iniciar un juicio al Ministro de Defensa por involucrar a los militares en estos hechos, creoque él no conoce los reglamentos militares, lo que hizo es dañar a tres personas inocentes y enviarlos a la cárcel”, lamentó. (EL DIARIO y Visor21)

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