El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, se manifestó con optimismo luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera la petición presentada por su defensa, en la demanda contra el Estado boliviano por la vulneración de sus derechos.

“Avanzamos un paso más en la busca de justicia. Agradecer de corazón al Dr. Ruben Dario Cuellar y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, y al Dr. Gary Prado Arauz por haber patrocinado esta demanda, de manera gratuita y a puro pulmón, en un acto de absoluto desprendimiento y convicción”, escribió el joven cruceño que estuvo diez años en detención, ocho encarcelado, por el montaje del caso Rósza o caso terrorismo de 2009.

“Esperemos que pronto este justo reclamo sea escuchado, y que los que están en el poder aprendan que los cargos no son eternos, y que la justicia tarda, pero llega”, agregó en sus redes sociales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición de Zvonko Matkovic Ribera contra el Estado boliviano por la vulneración a sus derechos humanos y la excesiva detención preventiva que se aplicó a él y otros encausados en el montaje del caso terrorismo de 2009, según el informe a la que EL DIARIO tuvo acceso.

El informe de admisibilidad 139/22 de la CIDH fue fechado el 27 de junio y establece que el peticionante cumplió con varios de los requisitos que establece la Convención Americana, por tanto, derivó el caso y estableció “notificar a las partes la presente decisión, continuar con el análisis del fondo de la cuestión y publicar esta decisión e incluirla en su informe anual a la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con la decisión firmada por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón y el secretario Jorge Meza, se abre la posibilidad de establecer una reparación a Matkovic, actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, quien pasó cerca de ocho años en distintas cárceles del país y otros dos años en detención domiciliaria antes que el caso sea archivado con la sentencia absolutoria del 4 de febrero de 2020, ratificada con la ejecutoriada del 16 de junio del mismo año.

DETENCIÓN PREVENTIVA

De acuerdo al informe, la parte peticionaria denuncia, principalmente, que las autoridades judiciales le impusieron a la presunta víctima una media de “prisión preventiva ilegal e irrazonable, dejándolo en condiciones carcelarias que afectaron su salud”.

Asimismo, sostiene que a pesar de que la legislación interna establece que tal medida cautelar solo puede tener, como máximo, una vigencia de tres años y medio, esta se mantuvo durante ocho años. Afirma que, si bien el señor Matkovic Ribera cuestionó esta situación en vía judicial, todos sus pedidos fueron rechazados, dejándolo en completa indefensión. Finalmente, afirma que el proceso penal llevado en su contra careció de garantías judiciales y que se prolongó de manera indebida, por responsabilidad de los agentes estatales.

Por su parte, el Estado replica que tanto la prisión preventiva como el proceso penal principal cumplieron con los parámetros constitucionales y convencionales. Además, afirma que todas las acciones judiciales de la presunta víctima recibieron un pronunciamiento de las autoridades judiciales, mediante resoluciones debidamente motivadas. Por ende, a su juicio, la parte peticionaria acude a la CIDH para que ejerza un rol de cuarta instancia, contraviniendo su naturaleza complementaria.

MONTAJE

Matkovic fue sindicado con otras 39 personas en el montaje del caso Rósza, por el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas en abril de 2009. El joven cruceño llegó a La Paz para prestar su declaración en calidad de testigo, pero la Fiscalía, al mando del entonces fiscal Marcelo Sosa, pidió su aprehensión y detención preventiva en menos de 24 horas.

Sosa alegó que la familia Matkovic había dado “alojamiento” a Eduardo Rósza y su grupo irregular en la hacienda “Z” de Santa Cruz. También mostró una llamada de Héctor Chiqui Laguna, supuesto miembro de ese grupo, a Zvonko que ni siquiera fue contestada, pero sirvió para establecer “obstaculización de la justicia”.

El cívico cruceño fue encarcelado en el penal de San Pedro el 19 de marzo de 2010 y durante los primeros años presentó al menos siete solicitudes y acciones de libertad que fueron rechazadas por los distintos tribunales en La Paz. Asimismo, se rechazó un hábeas corpus, pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que beneficiaban a Matkovic, pero que nunca entraron al fondo de la petición y fueron objetadas por los juzgados ordinarios.

Entre los argumentos para el rechazo a las solicitudes de modificación de medidas cautelares, para dejar la cárcel, se mencionó que “no se presentó certificación de la Gobernación de San Pedro para acreditar el tiempo exacto de permanencia en detención”. En otra oportunidad también se arguyó el traslado del cuaderno de investigaciones a Santa Cruz y finalmente, en 2014 el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hizo su rechazo a la tutela del TCP porque “no se realizó una adecuada valoración del acervo probatorio”.

ESTADO

Ante la petición de Matkovic y otros procesados en el montaje Rósza, presentada ante la CIDH en 2015, el Estado boliviano emitió dos respuestas en 2020. La primera afirma que la sentencia absolutoria constituye “suficiente reparación”, además que los sindicados no agotaron todas las instancias internas del país.

La otra respuesta alude al beneficio de detención domiciliaria que obtuvo Matkovic, el 9 de enero de 2018, a casi ocho años de su encarcelamiento, como una muestra del “cumplimiento” interno; por tanto, citó el Estado, “se solicita archivar la petición”.

Zvonko Matkovic vio deteriorada su salud durante los años de encierro, pues requería sesiones de fisioterapia por una lesión congénita en la espalda. Ninguna petición le fue aceptada y solo cuando el gobierno de transición constitucional se volvió a tratar el caso en juzgados.

Tras la restitución de sus derechos civiles, Matkovic fue candidato a Senador por la alianza Creemos de Luis Fernando Camacho. Obtuvo el curul por Santa Cruz, pero renunció para retornar a la capital oriental como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, luego de las recientes elecciones subnacionales.

El juez Sixto Fernández, uno de los principales operadores para mantener encarcelados a los líderes cívicos y empresarios cruceños, tuvo que aceptar el retiro de la denuncia por parte de la Fiscalía General y en 2020 emitió el fallo que comprobó que todo el proceso sobre el grupo irregular de Eduardo Rósza, ejecutado con dos de sus colaboradores el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, fue un montaje judicial. El juez murió por Covid-19 en abril de 2021.

Por otro lado, el abogado Marcio Ramos explicó a EL DIARIO que al haber admitido la CIDH la denuncia de Matkovic, lo que harán es llamar al Estado a una solución amistosa, de no responder de manera positiva, pasará de la Comisión a la Corte.

Por otro lado, Gary Prado, abogado que patrocina a Zvonko Matkovic, adelantó que el proceso contra el Estado de Bolivia irá a juicio porque no aceptarán conciliación y estima que la etapa de alegatos dure dos años.

“Vamos a iniciar la fase de alegatos, serán un par de años de alegatos entre el Estado boliviano y la parte acusatoria, los representantes de Zvonko”, indicó Prado y añadió que “luego viene la etapa en la que se hace el análisis de fondo y definitivamente se va a juicio porque conciliación no va a haber”, dijo según reporte de Unitel.

CASO TERRORISMO

En 2020, el Ministerio Público cerró los casos terrorismo I y II donde varios ciudadanos de la ciudad de Santa Cruz estuvieron imputados. El hecho surgió en el gobierno de Evo Morales por la presunta presencia en el país de un grupo irregular a la cabeza de Eduardo Rózsa Flores con el sector cívico empresarial cruceño, extremo que se desvirtuó porque se demostró que el caso fue armado.

El caso terrorismo I apuntaba a Rózsa y las personas que le habrían colaborado, mientras que el caso terrorismo II se había iniciado contra los presuntos financiadores de ese grupo.

El gobierno de Jeanine Añez levantó las acusaciones en estos procesos, bajo el argumento de que las denuncias fueron un montaje de parte del MAS. En junio de 2020 se cerró el caso terrorismo I y posteriormente el caso terrorismo II.

El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseveró que con esto se comprueba que el MAS armó los casos terrorismo “para arrodillar a la oposición especialmente en el oriente boliviano”.

“Hay que felicitar al Ministerio Público en este caso por este trabajo es importante porque yo creo que el pueblo de Santa Cruz va a poder festejar su 24 septiembre, después de tantos años de haber sido acusado de que su gente estaba implicada en terrorismo. Nunca hubo eso, todo esto fue montado por un grupo de delincuentes para hacerse del poder a la fuerza”, afirmó.

En el marco del caso terrorismo, el 16 de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas donde abatió a Rózsa y dos europeos que lo acompañaban. El caso está bajo investigación a nivel internacional por presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Además, varios de los acusados se exiliaron y otros fueron a la cárcel, por varios años en muchos casos, acusados por el caso terrorismo I, que al final de cuentas quedó en nada.

Murillo aclaró en la oportunidad que las personas que armaron estos casos tendrán que pagar, resarcir los daños a las personas que sufrieron en la cárcel y por los “crímenes” que se cometieron en Hotel Las Américas. (EL DIARIO y Visor21)