Noviembre de 2020, Luis Arce era posesionado como presidente del Estado y el día 19 de ese mes la Policía aprehendía al exdirector de la Dirección General de Migración, Marcel Rivas, bajo sospecha de haber “facilitado la fuga” de los ministros de Defensa y Gobierno del gabinete de Jeanine Añez. En agosto se iniciará el juicio oral contra – del que activistas consideran- el primer preso político del actual régimen que está encarcelado desde esa fecha.

Rivas fue director de Migración durante el gobierno de Jeanine Añez y su cargo dependía del Ministerio de Gobierno, entonces al mando de Arturo Murillo que días antes del cambio de gobierno, junto con su par de Defensa, Luis Fernando López, salieron del país por vías no controladas o pasos no autorizados.

Con Arce en el poder y el nuevo ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se impulsó la denuncia contra Rivas por presunto uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por otro tema relacionado a la emisión de 445 alertas migratorias, supuestamente sin respaldo legal.

Del Castillo presentaba media docena de archivadores y anticipaba que ese despacho se convertiría en la parte acusadora contra Rivas para “dejar un precedente” contra quienes “usaron las instituciones del Estado para perseguir a quien piensa diferente”.

“Esta persona utilizaba la institución para perseguir políticamente a varios sujetos de nuestra sociedad. De 1.061 alertas migratorias que había realizado, el 42 % fueron ilegales para perseguir a exfuncionarios, políticos, periodistas, diplomáticos, incluso empresarios”, manifestaba Del Castillo a los cuatro días de la aprehensión de Rivas.

El mismo día en que Rivas era aprehendido, aquel 19 de noviembre de 2020, figura también como la fecha en la que la nueva directora de Migración, Katherine Calderón, emitía su informe a Del Castillo sobre esa emisión de alertas migratorias; es decir, se actuó “en el día” contra el exfuncionario.

Rivas denunciaba el carácter político de su aprehensión y aseguraba que en el caso de Murillo y López él ya no ejercía funciones en Migración, por tanto, el proceso era un montaje y una aberración jurídica.

“Lamentablemente el Ministerio Público todavía está siendo presionado por intereses partidarios que lo único que buscan es tener un trofeo político”, señalaba.

“No existe ningún elemento de convicción que dirija las investigaciones hacia que alguien de Migración, mucho menos su director haya ayudado a salir a los exministros y peor aún, cuando en mi caso, yo dejé de ser director antes de que se salgan las órdenes de aprehensión y los impedimentos de viaje”, acotó Rivas en una de sus pocas declaraciones públicas en medios de comunicación.

MONTAJE Y SIN

VÍCTIMAS

En contacto con #VISOR21 el abogado que patrocina a Rivas, Karlo Brito, explicó que su cliente es víctima de dos procesos armados que solo tienen como objetivo mantenerlo encarcelado con fines políticos.

Del primer caso sobre la salida de los exministros, hubo cuatro ampliaciones al tiempo de detención preventiva, mientras el segundo caso referido a las alertas migratorias sumó dos veces en las que los jueces incrementaron el tiempo de encarcelamiento contra el exdirector de Migración.

Brito explicó que se presentaron varios recursos para que Rivas salga del penal de San Pedro por su delicado estado de salud, pues perdió un riñón y esto lo hace susceptible a contraer cualquier tipo de enfermedades o infecciones dentro del penal, sin embargo, ningún juzgado atendió esas solicitudes porque el objetivo, reitera, es mantener a Rivas entre rejas.

Sobre las alertas informativas, el abogado enfatizó que muchas siguen vigentes hasta hoy, por tanto no existiría la figura de haber “obstaculizado” el libre tránsito de ciudadanos, además que ese año se activó dicha medida para que los puestos de control fronterizo tomen recaudo para evitar que exista trata de persona, sobre todo de menores.

Finalmente, Brito señaló que la única parte acusadora particular en el caso de las alertas migratorias es el Ministerio de Gobierno y no existe ni una sola víctima, ni un solo nombre de esas 445 personas que supuestamente fueron perjudicadas en 2020, situación que confirma el carácter político de este “montaje judicial”.

SUMATORIA DE

MEDIDAS CAUTELARES

Tras su aprehensión, a Rivas se le impuso detención preventiva en el penal de San Pedro por cuatro meses por haber “favorecido en la fuga” de Murillo y López, aunque en principio alegó tener problemas de salud renales para ser internado en una clínica. El 20 de enero de 2021 se benefició con arresto domiciliario, pero la juez del Juzgado Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, le revocó ese beneficio el 5 de febrero para devolver al acusado al panóptico de La Paz.

Posteriormente se amplió esa medida cautelar y en mayo de 2021 se le dictó cinco meses de detención preventiva por el caso de las alertas migratorias. En agosto, el Juzgado Primero Anticorrupción agregó otros dos meses contra Rivas en el caso de la “fuga de Murillo y López”.

En diciembre de 2021 la Fiscalía concluyó la etapa de investigación y anunció la imputación formal bajo los cargos citados, además de sumar uso indebido de bienes y servicios públicos, para apuntar a lograr una sentencia de ocho años de prisión contra Rivas.

El fiscal Gustavo Balderrama explicó que las alertas migratorias se emitieron de manera directa mediante un instructivo a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos, sin que esas 445 personas hayan tenido procesos penales y que no fueron solicitadas por la Policía, un juez competente o el propio Ministerio Público, como mandan los manuales de procedimientos internos.

La Unidad de Control Migratorio y Arraigos emitió durante la gestión de Rivas esa cantidad de alertas denominadas “informativas” mediante una instructiva del entonces director. La defensa explica que aquello obedeció a una acción preventiva para precautelar la seguridad de los menores de edad que son llevados al exterior.

Es más, del total de alertas emitidas, actualmente aún se encuentran vigentes la mayoría, según el informe del Departamento de Registro y Sistemas.

El acto de apertura del juicio oral contra Rivas se aprobó el pasado 15 de junio mediante resolución del Juzgado Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, pero la información se conoció recién el viernes mediante un tuit del ministro de Gobierno.

“Anunciamos al pueblo boliviano que el caso del señor Marcel Rivas, ex director de Migración del régimen de la señora Jeanine Añez, quien emitió 445 alertas migratorias sin orden fiscal o judicial para perseguir y amedrentar al pueblo ingresa a su fase de juicio oral por el delito de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y otros”, escribió el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

El juicio está programado para el 17 de agosto, cuando Rivas ya cumpla 21 meses en detención preventiva. (Visor21)