“Quiero analizar primero la sentencia que está aplicada a la audiencia para el miércoles 27 de julio (donde) se va leer la sentencia y la vamos a conocer. Ahí les diré mi criterio jurídico y si el Ministerio (de Justicia) va apelar o no la sentencia, pero yo veo que este caso es otra muestra más de victimización que no la vamos a admitir”, sostuvo Lima.
El ministro de Justicia aseguró que el caso no expiró por los plazos procesales y aclaró que el acusado se ausentó del país desde el 2009 o 2010 y fue declarado en rebeldía en 2021.
“¿Es responsabilidad del fiscal y del Órgano Judicial que este señor se haya ido 11 años? ¿Me quieren decir que la gente que se va 11 años vuelve y va decir que todo prescribió? Eso no es justo, eso no es correcto”, dijo la autoridad.
Lima resaltó que no se trata de una persecución política porque se garantiza con el debido proceso; además, adelantó que el ejecutivo edil podrá apelar la sentencia con recursos que le ofrece la justicia boliviana.
La autoridad de Gobierno observó que el burgomaestre cochabambino sea beneficiado con una pena de privación de libertad tan baja cuando un funcionario de bajo nivel podría recibir entre cinco a 10 años de cárcel por el mismo delito. Sin embargo, el artículo 154 del Código Penal indica que: “el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.
La denuncia por un supuesto sobreprecio de 5.000 dólares en el pago por la expropiación de un bien inmueble para la construcción de la avenida Circunvalación fue impulsada en 2013 por el exalcalde de Cochabamba, Edwin “Cholango” Castellanos, afín al MAS, y el proceso fue reactivado por el actual Gobierno, a través del Viceministerio de Transparencia. (ANF)