Rivera le recordó al ministro que fue él quien al inicio de su gestión ofreció a Bolivia reformar la justicia, reconociendo la crisis estructural que la aqueja.

“Conformó una comisión consultiva, hizo una serie de propuestas que no han avanzado por la falta de voluntad política del gobierno y es de lamentar que hoy el Ministro pretenda descalificar esta propuesta, la única seria, debidamente trabajada, estructurada con suficiente sustento fáctico jurídico”, dijo.

El pasado fin de semana, el ministro Lima afirmó que un referendo ciudadano para la reforma judicial es inviable por dos aspectos. Primero porque la misma proviene de juristas que “sienten vergüenza de su militancia” y, segundo, por una supuesta inconstitucionalidad de la propuesta.

“Me parece inadmisible proviniendo de una alta autoridad estatal (…). Pretender descalificar la propuesta con el argumento de una supuesta inconstitucionalidad, carece absolutamente de sustento y lo sabe el ministro de Justicia”, afirmó Rivera.

El abogado aclaró que la propuesta presentada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 28 de julio plantea fundamentalmente modificar parcialmente la Constitución para transformar el sistema de selección y designación de los magistrados de los altos tribunales lo cual no es parte de la estructura central del sistema constitucional del Estado y, por ende, no se necesita de una Asamblea Constituyente.

“En primer lugar se está modificando el sistema de selección y designación sin desconocer el núcleo central de un Estado Constitucional de Derecho, sin desconocer los principios fundamentales de organización del ejercicio del poder, sin desconocer el régimen de gobierno democrático, participativo, representativo y comunitario, sin desconocer el sistema político de gobierno presidencialista, sin desconocer ni vulnerar derechos fundamentales de las personas”, dijo.

Según Rivera, el ministro Lima lo único que está haciendo es mostrar la falta de voluntad del gobierno para transformar la justicia “secuestrada por el poder político y esa falta de voluntad proviene del interés que tiene de mantener en crisis al sistema judicial para utilizar como un mecanismo de persecución penal con fines políticos a quienes piensan diferente en el país”.

El jurista alertó que el gobierno intentará evitar que prospere la iniciativa ciudadana porque no le conviene transformar estructuralmente la justicia.

“No vamos a renunciar al derecho que tenemos y que nos reconoce la Constitución de seguir promoviendo esta iniciativa, desarrollando las acciones necesarias para que a través de una cruzada nacional hagamos posible la transformación de la justicia partiendo de esa reforma parcial de la Constitución”, aseguró.

Finalmente, pidió al TSE ejercer plenamente su independencia como órgano de poder y que el TCP, en su momento, cuando tenga que realizar el control de constitucionalidad también actúe con total independencia e imparcialidad.