Hilda, una mujer de 55 años, vivió una pesadilla en los últimos días. Su esposo la golpeó, le disparó y ella tuvo que huir internándose en el monte, en Villa Tunari, hasta que comunarios la rescataron y la llevaron al hospital San Francisco de Asís, donde solo le hicieron curaciones. De allí llegó a Cochabamba, para que le extraigan una bala del hombro; pero se topó con la violencia de un sistema de salud colapsado e insensible en el Viedma.

Hilda se casó a los 18 años con un hombre que resultó ser muy violento. Desde ese momento, ella soportó decenas de golpizas en su chaco. Tuvo 10 hijos, tres de ellos murieron. Su marido la abandonó hace unos años y volvió hace unos días, más violento que nunca. Aunque la comunidad le aconsejó a Hilda que lo perdonara, el hombre la atacó sin piedad con un garrote, el 20 de mayo. La acusó de querer quedarse con el chaco.

Mientras los golpes le llovían en la cabeza y la sangre corría por su rostro, Hilda supo que iba a matarla. “Todo me daba vueltas, como si me fuera a desmayar, solo pude clamar a mi Señor y de algún lado vinieron las fuerzas para levantarme y correr hacia el monte, pero él sacó un arma y empezó a dispararme varias veces, una de las balas entró a mi hombro”. Los comunarios la rescataron y llevaron al hospital San Francisco de Asís, donde le efectuaron curaciones en su cabeza, pero le dijeron que no podían extraerle el proyectil por razones médicas que no le explicaron y tampoco la remitieron a otro hospital.

Muy adolorida, hizo un gran esfuerzo físico y económico para llegar a Cochabamba, en busca de auxilio. Le aconsejaron que pida ayuda legal al Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres y el personal la llevó de inmediato, el viernes, Día de la Madre, al hospital Viedma. La recibieron en Emergencias a las 11:00 de la mañana y le dijeron que no había espacio, que esperara. Le hicieron estudios de Laboratorio y tomografía y siguió esperando hasta las 23:00 horas, sin poder recostarse y sin que le invitaran ni un solo vaso de agua.

Le advirtieron que la bala no estaba en un órgano vital y podía esperar hasta el lunes, pues en fines de semana no hacen intervenciones quirúrgicas. Le dieron la opción de irse o de quedarse, pero Hilda escogió quedarse porque se sentía muy mal y había sufrido un desmayo. Ella pensó que la internarían, pero las horas pasaron y la incomodidad de la silla, el frío que le calaba los huesos y el dolor, la obligaron a pedir ayuda.

El abogado y la enfermera de Voces Libres que acompañaron a Hilda afuera del hospital, todas esas horas, pidieron un alta solicitada para llevarla otro centro de salud.

Le dijeron que faltaba la firma de un médico para el alta solicitada y esperaron más horas. Ante los reclamos del abogado de Voces Libres, les respondieron que la señora no podía irse si no pagaba 4.000 bolivianos, de los estudios y la atención que le dieron.

Hilda es una mujer de escasos recursos. Apenas logró juntar para su pasaje a Cochabamba y no tenía ese monto. El abogado recordó al hospital que, al tratarse de una víctima de tentativa de feminicidio, el Seguro Universal de Salud (SUS) debía ser activado para su atención, pero los administrativos del Viedma encargados de las cobranzas se negaron y dijeron que la señora no podía irse sin pagar.

Pese a las gestiones realizadas por la coordinadora de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, ante la dirección del hospital, no le permitieron a Hilda irse. La retuvieron indebidamente. Solo se comprometieron a que le asignarían una camilla de Emergencias para que pudiese dormir. La víctima de tentativa de feminicidio tuvo que pasar la noche allí. En la mañana, mientras les daban alimentos a los otros pacientes, Hilda fue ignorada.

Mientras se hacían gestiones ante la Defensoría del Pueblo, para que intervenga y frene esta privación de libertad, los abogados de Voces Libres, Mercedes Cortez y Marcelo Sánchez, presentaron una Acción de Libertad ante la justicia, en contra del director del hospital Viedma, Eduardo Amaya. La Ley 348 establece que las víctimas de violencia deben recibir de todas las instituciones un trato digno, preferencial, atención diferenciada, con calidad, calidez y celeridad, lo cual ha sido incumplido por el Viedma. Además, se vulneró el principio de informalidad, al haberle exigido a una víctima que primero pague costos de atención, que no tiene las condiciones de cancelar, por su misma condición de víctima.

La Ley 348, en el artículo 20, también ordena que todos los establecimientos de salud deben garantizar a las víctimas de violencia el acceso a todos los servicios de salud, tratamientos y protección, como un problema de salud pública.

Además, deben también garantizar la atención médica, psicológica y un tratamiento inmediato para el restablecimiento de la salud física y emocional de las mujeres víctimas. La prestación de salud a víctimas de violencia debe ser gratuita, a través del SUS y está prohibida la negación de atención.

“Lamentamos profundamente que la señora Hilda no solo haya que tenido que enfrentar una situación tan traumática, al ser una víctima de tentativa de feminicidio, sino que también haya pasado tantas horas sentada en una silla de ruedas, dentro de Emergencias, sin alimentos, adolorida, sufriendo frío. Entendemos que hay un sistema de salud colapsado, pero ella no tiene la culpa y hay que hacer todo por brindarle un trato digno, sensible, rápido y, tampoco la puede retener ni privar de su libertad por un costo que debe ser cubierto por el SUS. Se han incumplido varios principios y la Ley 348, por ello se está interponiendo una Acción de Libertad”, señaló Sánchez.

La intervención de la Defensoría del Pueblo, que ya antes había observado este trato hacia las víctimas de violencia, permitió que Hilda sea liberada y trasladada al hospital Harry Williams. El abogado informó también que Pastor Q.S., el hombre que intentó matar a Hilda ya fue aprehendido, sometido a una audiencia de medidas cautelares y enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de Sacaba.