La abogada del Observatorio de Justicia, Mercedes Cortez, detalló que el juez argumentó jurídicamente que nadie puede ser privado de su libertad por deudas hospitalarias y exhortó al director del Viedma, Eduardo Amaya, a que cumpla la Ley 348 y supervise que el hospital atienda a las víctimas de violencia con perspectiva de género.
El 20 de mayo, Hilda, una mujer de 55 años fue golpeada por su esposo con un garrote y luego recibió un disparo en un hombro, en Villa Tunari. Llegó el 26 de mayo a la ciudad en busca de ayuda, pues estaba muy adolorida por los golpes en la cabeza y con la bala en su cuerpo. El 27 de mayo, acudió a Emergencias del hospital Viedma acompañada de un abogado del Observatorio y, tras someterse a algunos exámenes la dejaron en una silla de ruedas desde las 11:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, advirtiéndole que no había espacio y que recién la operarían en 48 horas. En ese tiempo no le dieron ni un vaso de agua.
Cuando el personal de Voces Libres quiso trasladarla a otro hospital, los administrativos del Viedma no lo permitieron y la privaron de su libertad hasta el sábado 28 de mayo, exigiéndole el pago de 4.000 bolivianos por los estudios que le realizaron. En todo ese tiempo, no le dieron alimentos ni agua. Tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo para que Hilda pudiera ser trasladada al hospital Harry Williams, donde sí la operaron de inmediato, para extraerle el proyectil.
Por ese extremo, el Observatorio de Justicia presentó una Acción de Libertad en contra del hospital Viedma. Si bien se declaró la tutela y se sentó precedente, Cortez dijo que no están contentos del todo porque “el juez no ha hecho referencia a la atención con calidad y calidez que merecía Hilda y que los centros hospitalarios deben ofrecer a todas las víctimas”.
En su intervención, el director del Viedma, Dr. Eduardo Amaya, alegó que en ningún momento se puso en riesgo la vida de Hilda, pues la bala no había afectado un órgano vital ni una arteria. Desde su óptica, ella podía esperar 48 o más horas para ser sometida a una cirugía.
Cortez recordó que las víctimas de violencia han sufrido graves traumas, que la mayoría sale huyendo de sus agresores, sin documentos, sin dinero, temiendo perder la vida y con la esperanza de hallar empatía en las instituciones del Estado.