La Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) se declararon en emergencia y dieron plazo hasta el lunes para que el Consejo de la Magistratura (CM) anule la convocatoria para jueces transitorios que buscan su institucionalización. Advierten con acudir a instancias internacionales, si su demanda no es atendida.

“Ante el conocimiento de la convocatoria, nosotros hemos interpuesto un recurso de revocatoria, posteriormente hemos presentado recursos de Amparo Constitucional que están en pleno curso en Santa Cruz, tenemos dos recursos en Sucre y otro en el Beni que ha sido denegado porque no han ingresado al fondo”, precisó la abogada Regina Santa Cruz en conferencia de prensa ayer.

La jurista aclaró que agotarán todos los recursos a nivel nacional y de no ser escuchados, acudirán a instancias internacionales.

Por otro lado, el pasado fin de semana se conoció un audio donde se escucha al expresidente del CM, Marvin Molina, negociar cargos judiciales con dirigentes y parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Además, pidió “ la unión” de “renovadores y evistas” para controlar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las elecciones de 2023.

Asimismo, el diputado del MAS Daniel Rojas denunció, el miércoles, que el hermano del expresidente del CM, Jorge Alejandro Molina Casanova, trabaja en el Órgano Judicial y apuntó a un “clan mafioso”.

Se conoció también que el expresidente del CM designó a su primo Marcelo V. M. como vocal de Santa Cruz.

En ese contexto los jueces manifestaron que no confían en la transparencia del proceso.

EMERGENCIA

En septiembre pasado, la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) se declaró en emergencia debido a que la institucionalización e ingreso a carrera judicial, a través de una convocatoria interna, pretende alcanzar solo al 50 % del total de operadores de justicia, por lo que aseguran que esa medida es un atentado a la estabilidad laboral.

El pasado 26 de agosto, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura anunciaron la convocatoria para la institucionalización de 489 jueces transitorios en el país.

“A partir de las determinaciones asumidas por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura el objetivo es cumplir que este año el país no tenga ni un solo juez transitorio”, dijo en la oportunidad, el ministro de Justicia, Iván Lima.

DENUNCIAS ANTERIORES

Los exconsejeros de la Magistratura, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, y el magistrado Omar Michel, enfrentaron un juicio de responsabilidades que radica en la Asamblea Legislativa por presuntas irregularidades en la elección de jueces.

El exdiputado Amilcar Barral recordó que sobre los consejeros Michel, Alcón y Gómez, existe un juicio de responsabilidades por la designación ilegal de 169 jueces en todo el país, con pruebas, documentos, testigos y víctimas múltiples, cuyo monto de extorción y cobros irregulares suman dos millones de dólares, aproximadamente.

“Este proceso llegó hasta la emisión de informe de imputación formal, aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia Plural, en septiembre de 2020, actualmente tiene una apelación pendiente, porque la Comisión de Constitución de forma irregular benefició a los consejeros tratando de anular obrados en más de una oportunidad”, explicó en entrevista anterior a EL DIARIO.

Asimismo Barral en coincidencia con el exlegislador, Víctor Borda, refirió que designó como jueces a los peores calificados, reprobados, a los que ocuparon el quinto, sexto y séptimo lugar, excluyendo a los mejores puntuados.

Se designaron como jueces a 19 personas que tenían procesos penales en curso, por delitos que van desde incumplimiento de deberes hasta estafa y robo.

Ante la Comisión de Justicia Plural declararon testigos que indicaron que para la designación de jueces, los consejeros cobraron entre 15.000 a 25.000 mil dólares.

Asimismo, el 27 de noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, instauró un juicio de responsabilidades contra los tres consejeros por el delito de incumplimiento de deberes. La denuncia fue presentada ante la Cámara de Diputados para el inicio del trámite legal.

Lima cuestionó en reiteradas ocasiones el trabajo de los consejeros, debido a que no cubrieron oportunamente las acefalías en el Órgano Judicial y por el nombramiento de jueces, sin respetar la meritocracia.

No obstante, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Elizabeth Cornejo, Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, emitieron un auto de medida cautelar que deja sin efecto el artículo 39 de la Ley 612, con la que se evita juicios de responsabilidades contra autoridades y la suspensión de los Consejeros de la Magistratura, quienes fueron imputados por irregularidades, informó el exdiputado Víctor Borda.

“El Tribunal Constitucional ha suspendido todo juicio de responsabilidades, ha dejado sin efecto el artículo 39 de la Ley 612 que facultaba a la Cámara de Diputados suspender a los consejeros”, manifestó Borda a EL DIARIO, en entrevista anterior.

En junio de 2021, los consejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón fueron cesados en sus funciones debido a un fallo en una acción de cumplimiento por una denuncia de nepotismo o incompatibilidad.

Después de conocerse el fallo, el consejero Omar Michel citó a los suplentes Marvin Molina y Sandra Cinthia Soto, quienes posteriormente asumieron el cargo.

En la oportunidad, la exconsejera, Dolka Gómez, denunció injerencia del ministro de Justicia, Iván Lima, en el Consejo de la Magistratura.

El viernes 15 de octubre de 2021, Lima anunció que iniciarán una acción penal contra ambos exconsejeros debido a la “desaparición” de casi 200 expedientes referidos a procesos por faltas disciplinarias contra jueces y vocales.

“Ellos, al no ser más consejeros de la Magistratura, van a tener que responder de estos actos irregulares ya en la vía ordinaria y no en la Asamblea”, dijo Lima en la oportunidad.

OMAR MICHEL

En agosto de 2019, el entonces decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó que había decidido renunciar al cargo, debido a que existía una “conspiración”, “chantaje” y “acoso político” después de la revelación de audios que lo implicaban en presuntas irregularidades. No obstante la información fue solo un anuncio ya que nunca se efectivizó.

“Yo no quiero seguir prestándome a este juego a este acoso político, a este acoso mediático, chantajes y extorsiones que he sufrido las tres últimas semanas. Ya no pienso prestarme más a aquello. Y en resguardo a la imagen de la justicia, de la institución y de mi familia fundamentalmente, he decidido que voy a presentar renuncia irrevocable”, dijo Michel el 30 de agosto de 2019. A la fecha sigue ejerciendo funciones en la institución.

Antes del anuncio de renuncia de Michel, se difundieron audios, en uno de ellos se escuchaba al hermano de la autoridad judicial, presionando a una jueza para favorecer a un detenido por feminicidio usando el nombre del Consejero. En una segunda grabación, habla de cuoteo de la designación de jueces entre su hermano y el Tribunal Supremo de Justicia.