“Agradecemos al Tribunal Supremo Electoral cumpla los tiempos que la ley prevé para la atención de la propuesta (…) y sean subsanadas todas las consideraciones o ajustes pertinentes para que este proceso se desarrolle dentro el marco de ley (…)”, dice la carta del Comité Cívico de Cochabamba.

En tanto, el colegio de abogados de la capital del valle puntualiza que las “omisiones y demoras perjudican y retrasan un trámite cuya esencia es viabilizar el ejercicio de la democracia directa, derecho constitucional consagrado en el artículo 11-11-1 de la Constitución, por lo que acudimos a su Presidencia solicitando respetuosamente, instruya al Sifde el cumplimiento de la reclamado”.

El reglamento específico del TSE (Art 10-1) dispone que el Servicio Intercultural de Desarrollo Democrático (Sifde) debe verificar la formulación correcta de las preguntas que deben ser sometidas a referendo ciudadano en un plazo no mayor a tres días hábiles. Plazo que ya fue ampliamente superado en el trámite para la reforma judicial.

Jaime Ponce Blanco, del colectivo socio ambiental de Cochabamba, pidió al TSE cumplir “con los principios que establece la normativa jurídica vigente, en cuanto a los derechos e iniciativas ciudadanas, reconocidas en la Constitución”.

La Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Provincia Cercado de Cochabamba, por su parte, exige respuesta a la iniciativa ciudadana con miras a reformar la justicia en el país.

“Hacerle conocer nuestra extrañeza por la injustificada demora que hasta el momento ha merecido la propuesta de reforma judicial vía referendo ciudadano (…) se trata nada menos que del Tribunal Supremo Electoral, quien debería dar ejemplo intachable de su sujeción a las normas y leyes que rigen, particularmente aquellas referidas a los derechos de los ciudadanos y a las prerrogativas de éstos en el ejercicio de la democracia”, indican en la carta.

Asimismo, el Comité Impulsor para la Reforma Judicial de Tarija expresaron que la demora injustificada del trámite “menoscaba la confianza pública en el órgano electoral, en cuyas manos se asigna por mandato constitucional nada más y nada menos la dirección de los procesos destinados a procurar la efectivización del derecho del soberano, la ciudadanía, a tomar decisiones de interés público general (…) recordándoles que su compromiso es con el orden jurídico y no con intereses subalternos”.

De igual manera, el Comité para la Reforma Judicial de La Paz pide al TSE que actúe con prontitud en la atención de la propuesta de reforma presentada, “evitando de ese modo la obligación de acudir a otras vías establecidas por el propio ordenamiento jurídico (…)”.