La denuncia fue interpuesta el 30 de diciembre de 2021 por la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv contra seis personas que tenían diferentes cargos en la gestión 2020 como: gerente general, gerente de informaciones, consultor individual en línea, responsable del proceso de contracción directa, responsable de evolución del proceso de contratación para el servicio de consultoría individual en línea, jefa de análisis y gestión jurídica y el director jurídico nacional.

Los denunciados son: Andrés R. L.; Tirasah G. Q. B.; Adriana G. A.; Sandro R. M.; Madelen Q. C.; y Jaime A. R., entre periodistas y personal de otras áreas, en particular para los procesos de contratación. La imputación del fiscal Eddy Junior es de fecha 4 de agosto de 2022.

En fecha 9 de marzo de 2020 la exministra de Comunicación, María Isabel Fernández, designó a Andrés R. como gerente General de la Empresa Estatal Bolivia Tv, quien tenía entre sus funciones la contratación de personal y ordenó la contratación de Pablo Ll. como conductor 2, el sueldo para ese ítem era de Bs 6.000, pero al tratarse de un conductor “reconocido” ordenó que se le hiciera un contrato con un salario superior a Bs 10.000, además según la documentación se creó un cargo que no existía como “Coordinador Enlace Presentadores – Prensa”

En este marco, la imputada Adriana G. exgerenta de Informaciones solicitó la modificación del POA para la contratación de Pablo Ll. y en fecha 12 de marzo de 2020 solicitó a Andrés R. exgerente General de Bolivia Tv la autorización para realizar la contratación de Pablo Ll., como consultor individual de línea para ocupar el cargo de “Coordinar Enlace de Presentadores – Prensa” por un monto mensual de Bs 11.498 desde el 20 de marzo al 30 de junio de 2020.

Posteriormente, en fecha 30 de junio de 2020 se suscribió el primer contrato modificatorio ampliando los servicios de Pablo Ll. por tres meses más hasta el 30 de septiembre incrementando el contrato inicial por Bs 34.494.00.

En la imputación también se indica que la entidad denunciante señaló que para acceder a este cargo establecía como requisitos mínimos que el consultor tenga licenciatura con título en provisión nacional en comunicación social, además de una experiencia de cuatro años de trabajo en instituciones o empresas públicas a partir de la emisión de su título, sin embargo, en el curriculum vitae de Pablo Ll. no existe información ni evidencia documental sobre su formación académica y que no concluyó sus estudios en la Universidad Católica Boliviana y tampoco presentó la certificación de las AFP.

La exgerenta de Informaciones Adriana G. como los otros imputados declararon en la Fiscalía que cuando identificaron las irregulares y lo exponían a Andrés R. recibían amenazas de despido si no se admitía el contrato de Pablo Ll., sin embargo, el Ministerio Público, señaló que ellos debían denunciar en su momento cualquier tipo de irregularidades y no encubrir el delito.

El informe circunstanciado BTV/UAV/INF CIR N002/2021 de 3 de diciembre de 2021 emitido por el jefe de auditoria interna de la empresa estatal de Televisión Bolivia Tv detalla la participación de todos los servidores públicos quienes por sus acciones u omisiones incumplieron la normativa legal lo que amerita que los mismos se responsabilicen por el daño económico causado.

En relación a Adriana G., Madelen Q. y Sandro M. según la imputación adecúan su conducta en “grado de complicidad” a los elementos típicamente constitutivos del delito de contratos lesivos al Estado.

En esa línea, se determinó la existencia de un presunto daño económico a la empresa estatal de Bolivia Tv y por ende al Estado Plurinacional de Bs  84.701,93 al haberse efectuado el pago en favor de Pablo Ll. durante el tiempo que prestó sus servicios.

La Fiscalía solicitó la aplicación de medidas cautelares que consiste en la detención preventiva de los imputados, en el caso de las tres mujeres en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, y en el caso de los tres varones en la cárcel de San Pedro de La Paz, todos por el lapso de seis meses. Si se llega a dictar sentencia dentro este caso la pena oscila entre cinco a 10 años de cárcel.