La imputación formal contra el exministro de Defensa, Luis Fernando López, en el caso denominado “Golpe de Estado I”, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, solo busca mantener la detención preventiva de los otros procesados, manifestó a EL DIARIO el abogado Eusebio Vera.

“Tenemos conocimiento de manera extraoficial que se ha procedido a la ampliación de la imputación formal en contra de López. A partir de la notificación va a correr otros seis meses de plazo, extremo que va a dejar abierto este proceso sin ningún límite en el tiempo y eso es una aberración, más aun tomando en cuenta que los plazos ya fueron vencidos súper abundantemente”, dijo Vera que patrocina a los exjefes militares Jorge Terceros y Gonzalo Jarjury, también imputados en este caso.

El jurista manifestó que la imputación contra López está fuera de plazo ya que el proceso data de diciembre de 2020, lo que demostraría que el juez no está cumpliendo sus funciones en relación al control de plazos.

“El estatismo del proceso persigue solo el fin de seguir teniendo detenidos preventivos, porque si el Ministerio Público realizara actos investigativos como recepcionar la declaración de Luis Fernando Camacho, la Inspección Técnica Ocular (ITO) seguida de una reconstrucción en el Comando y en los lugares que ellos establecen que han sucedido los hechos, ya no habría la concurrencia de ningún riesgo procesal, consecuentemente todos quedarían libres, pero no realizan esos actos investigativos porque no les conviene”, advirtió.

Apuntó que de llegar a realizar los actos investigativos se dilucidaría todo y se llegaría a establecer la verdad histórica de los hechos.

En ese marco recordó que Camacho es el principal denunciado, empero hasta la fecha ni siquiera prestó su declaración informativa, lo que supone una inactividad que no compete, ni tiene vinculación con Jeanine Añez, Pastor Mendieta, y los otros co-imputados que actualmente guardan detención preventiva.

“Ese es un acto propio del Ministerio Público, es su obligación conforme a normativa, realizar actuados investigativos e incluso existen circulares que conminan a los fiscales a agotar toda actividad investigativa, es decir, investigar todo para llegar a la verdad histórica de los hechos, pero en este caso están haciendo lo contrario”, advirtió.

En ese marco adelantó que en las próximas semanas activarán los mecanismos que les franquea la ley, contra jueces y fiscales, porque no pueden permitir que se haga un uso y abuso de la detención preventiva.

Recordó que las modificaciones que se realizaron al Código de Procedimiento Penal (CPP) y la implementación de la Ley 1173, prevén bajar el índice de hacinamiento carcelario, por lo que se establece un plazo máximo de seis meses para la detención preventiva, extremo que en este caso no se cumple.

“Los operadores de justicia, en sus diferentes niveles, no están cumpliendo la normativa”, dijo.

AMENAZAS

El pasado 11 de julio, el fiscal Carmelo Laura informó desde Santa Cruz, que por amenazas anónimas a la comisión de fiscales que investiga el caso, se determinó suspender las declaraciones en calidad de sindicado, de Luis Fernando Camacho, quien debía declarar el martes 12.

Al respecto Vera dijo que las amenazas contra los fiscales nunca fueron probadas y ni siquiera abrieron un proceso para saber si fue cierto o no.

“Nos parece que eso fue una falacia, por buscar un argumento para suspender la declaración de Camacho. Los fiscales están muy bien resguardados, tienen la protección de la Policía boliviana, el pretexto de haber sido amenazados es inexistente. Ellos no tienen la voluntad para realizar los actuados investigativos”, aseveró.

Manifestó que la declaración del gobernador de Santa Cruz es fundamental para las investigaciones, ya que la teoría que mantiene el Ministerio Público es que Camacho presuntamente conspiró junto a otras personas al haber “cerrado” con policías y militares.

“Para nosotros es importante que declare Camacho porque en nuestro caso queremos saber con qué militares ha cerrado para que se configure el ilícito de conspiración, de lo contrario, si no hubo eso, entonces mis clientes saldrían absueltos de ese ilícito porque esa es la razón y la teoría que mantiene el Ministerio Público”, aseguró.

SIN ITO

El jurista manifestó que si bien la ITO seguida de reconstrucción no es una prueba tasada, no deja de ser un acto investigativo bastante importante y esclarecedor dentro de cualquier proceso ya que trata de recrear lo más aproximado posible a lo que realmente ocurrió en un momento determinado.

“El almirante Jarjury y el general Terceros han solicitado en seis oportunidades ese actuado investigativo (ITO), pero nunca se ha señalado, por ello hemos activado los mecanismos legales para el control jurisdiccional ante el juez para que haga esa función de controlador de derechos y garantías ante el órgano investigador y le conmine a realizar ese actuado investigativo”, apuntó.